POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN / EDITORIAL TSC /
Comienza el segundo tiempo del Gobierno Petro con una nueva propuesta de Diálogo Nacional que tiene buen pronóstico. En primer lugar, porque el presidente le ha designado para promoverlo un responsable calificado y hábil en cabeza del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En segundo lugar, porque su temario y metodología se enmarcan en los lineamientos de la Constitución política despejando las dudas que algunos albergaban. Finalmente, porque figuras como el expresidente Ernesto Samper y el exvicepresidente Vargas Lleras anunciaron que participarían en el proceso, rompiendo el tabú de que de proceso constituyente ni se puede hablar.
Va cogiendo cuerpo la concreción de un verdadero diálogo nacional con participación amplia de partidos y sectores sociales que bien puede conducir a un acuerdo político para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Son varios los temas donde el bloqueo institucional para su reforma se ha prolongado cinco décadas y ambos están en el listado del presidente Petro: la reforma de la justicia y la del ordenamiento territorial. Coincidencialmente, son las mismas reformas que el entonces presidente Alfonso López Michelsen pretendía poner en manos de una pequeña Constituyente en 1975 que no pasó el examen de la Corte Suprema de Justicia, como tantas antes y después de esa fecha.
Estos dos temas siguen en la agenda de reformas en 2024. Respecto de la reforma de la Justicia, la nueva ministra del ramo verificará el trabajo adelantado por la Comisión de Juristas y los textos preparados por su antecesor. Se trata de reformas legales que no tocan la Constitución donde se encuentran graves escollos como la elección de magistrados de las altas cortes. Sobre el ordenamiento territorial ya hay un grupo de ciudadanos recogiendo firmas para que los territorios se queden con el impuesto sobre la renta que constituye la mitad de los ingresos corrientes de la Nación.
El planteamiento de federalismo fiscal del Gobernador de Antioquia y Cía. tiene varias sombras. La primera es que no reconoce el papel de su partido y jefe en la recentralización de los recursos del sistema nacional de participaciones que hoy estaría entregando el 40 % y no el escaso 20 % de los ingresos corrientes de la Nación a los municipios y departamentos; y la segunda, que plantean eliminar la redistribución de los recursos de los territorios ricos hacia el resto del país dentro de una fórmula más equitativa que la actual. La realidad es que el tema de los recursos se queda corto. Es necesaria una reforma integral del ordenamiento territorial que cierre brechas en vez de profundizarlas.
Desde el Senado hemos avanzado un pequeño trecho en lo que podría ser nuestro aporte al diálogo y acuerdo nacional. El año pasado presenté una proposición en la que me acompañaron senadores de todos los partidos, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición, la cual fue aprobada por unanimidad. Con ella, senadores y senadoras nos comprometimos a cuidar la palabra en nuestras deliberaciones y participaciones en medios y redes sociales en busca de reducir los excesos verbales de polarización. Con todo, el punto central fue la creación de una Comisión Accidental integrada por un delegado de cada partido representado en el Senado para “deliberar sobre acuerdos parciales que contribuyan a ambientar la construcción de un Acuerdo Nacional”. La Comisión Accidental fue finalmente formalizada mediante resolución de la mesa directiva el pasado mes de mayo y no ha iniciado todavía su misión. Esperamos que esta herramienta pueda ser útil en la presente coyuntura del Acuerdo Nacional 2.0.
