EL INFORMADOR /

Ricardo Villa Sánchez, abogado samario, experto en diálogo social, investigador social, profesor universitario y escritor, actual asesor de la Consejería de Paz, fue designado por el presidente Gustavo Petro Urrego como uno de los delegados del Gobierno nacional en el proceso de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En entrevista con El Informador de Santa Marta, el funcionario se refiere al avance del proceso de paz en esta importante zona de la región Caribe y su posible instalación oficial.

Hay mucha preocupación en la ciudadanía por la grave situación de delincuencia en Santa Marta y sus alrededores. ¿Qué piensa el Gobierno nacional de esto?

Primero que todo, debo resaltarles que no soy un vocero del Gobierno nacional, trabajo como asesor en la Consejería de Paz que es una oficina de Presidencia de la República, con una designación especifica como representante del Gobierno para verificar la voluntad de paz, de cara a la posible instalación del espacio socio jurídico de conversación para la construcción de paz con las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que, ante esta grave situación de violencia en la ciudad, el Gobierno nacional no puede mirar para un lado, garantizar la seguridad, la vida y honra de los ciudadanos es un mandato constitucional, sin embargo, el Estado tiene sus niveles y competencias, este es un tema de seguridad ciudadana y convivencia, como lo de los panfletos, y la comisión de crímenes de alto impacto, que está a cargo de las autoridades locales.

En ese contexto, es importante que la Alcaldía Distrital en cumplimiento del mandato ciudadano, la Policía Nacional con labores de inteligencia y demás mecanismos de su competencia policiva, así como la Fiscalía General de la Nación, en labores de judicialización, se fortalezcan en esta lucha y generen acciones de impacto para controlar esta situación grave de delincuencia y de violencia en la ciudad.

¿Posible instalación, suena raro?

No creo, hasta la fecha se ha avanzado, teniendo en cuenta las manifestaciones públicas del grupo armado, los acercamientos de la delegación, y también el contexto de seguridad y de otras necesidades pertinentes dentro del Estado, como la cuestión de la seguridad, o las negociaciones de culpabilidad para el sometimiento a la justicia del grupo armado, que son asuntos de competencia de la fuerza pública y de la Fiscalía General de la Nación.

Es clave el desmantelamiento de esta organización y para esto la rama judicial tiene también la iniciativa. Por parte del Gobierno nacional, dentro del marco jurídico y la política estatal de paz, se ha avanzado también en los acercamientos con el grupo armado que se ha categorizado como grupo delincuencial organizado, en la construcción de confianzas, en la estrategia y metodología, en la construcción colectiva de sus ejes, en la concurrencia de otros actores al proceso, de cara a esta instalación oficial.

Sabemos que la ciudadanía lo reclama, eso lo valoramos, como la ruta de participación social que lleve a que entre todos concertemos una potencia de paz en este territorio tan complejo. Celebramos también los foros que se convocan, las reuniones que se han realizado con actores clave, los comunicados de universidades como la Autónoma del Caribe, de la Red Caribe por la Paz u organizaciones de la sociedad civil como Pdhal o la Fundación Cruz Verde Internacional. Muy importante el acompañamiento de la academia, como observadores y tanques del pensamiento crítico, como el Instituto Capaz, que así como la Alcaldía Distrital y el movimiento comunal, han convocado a jornadas de reflexión y de debate en Santa Marta; la opinión y análisis de los medios de comunicación; los llamados de las iglesias como la Católica a través del obispo de Santa Marta;  en los espacios de las corporaciones públicas, hasta en las calles, en la ruralidad, y sobre todo, valoramos mucho la concurrencia de actores institucionales como las alcaldías, MAPP-OEA, universidades, gremios productivos, organizaciones de la sociedad civil, étnicas, campesinas, líderes de opinión, medios de comunicación.

Esta es la potencia de paz que ya anda, abriendo caminos, en la ciudad de los quinientos años y más, para avanzar hacia un gran acuerdo por la paz y la democracia en la Sierra Nevada de Santa Marta.

¿Cuál es el estado de avance en el proceso de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta?

A la fecha ya están conformadas las delegaciones tanto del Gobierno nacional como los miembros representantes del actor armado. Hay tres delegados, en el que uno de nosotros ejerce como coordinador y dos más como representantes del Gobierno nacional en el espacio socio jurídico de conversación para la construcción de paz con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, como lo señala la Resolución presidencial 300 de 2024, además se han reconocido los miembros representantes de esta estructura armada de crimen de alto impacto, en sendas Resoluciones 335/24 y 425/24.

Vale la pena subrayar que la política de paz es una política de Estado, esto quiere decir que estos actos administrativos presidenciales no les generan a ellos ningún beneficio judicial, rebaja de penas u otros asuntos de carácter judicial. Los principios de oportunidad, las negociaciones de culpabilidad, las garantías constitucionales, etc., estos se realizan ante las autoridades competentes como la Fiscalía General de la Nación y/o los jueces de garantías constitucionales. Asimismo, no significa que puedan seguir delinquiendo, una de las tareas es verificar su voluntad de paz, pero la fuerza pública debe continuar garantizando la seguridad y judicializando estas conductas.

Mucha gente no cree en este proceso, piensan que es una mentira, que los jefes del actor armado sólo buscan ser excarcelados o que les cancelen sus órdenes de extradición para continuar delinquiendo… ¿Es así señor delegado?

Reitero que los asuntos de principio de oportunidad, negociaciones de culpabilidad o beneficios judiciales, parten de un ejercicio de competencia de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial. Ahí hay un marco jurídico, constitucional, legal, de bloque de constitucionalidad, en el sistema penal colombiano y también compromisos internacionales de cooperación judicial, con otros países, al que se deben someter los grupos delincuenciales organizados que manifiesten su voluntad de paz. Pero la voluntad es de… Allí es clave señalar que la política de paz para poder conversar, parte de compromisos de disminución de la violencia, de rutas de participación para la transformación del territorio, del tránsito a la vida civil del actor armado y del tránsito a la ciudadanía plena del pueblo soberano con presencia en este territorio.

Ellos controlan un territorio y una población, a través de la violencia y de la delincuencia, para obtener rentabilidad en las economías ilícitas, lo que algunos analistas han llamado “soberanías compartidas”, por tanto deben ceder poder para que el Estado haga presencia con instituciones incluyentes, garantizando derechos y seguridad humana, construyendo ciudadanías libres e instituciones incluyentes, presupuestos participativos e inversión social, es decir paz,  democracia y consolidación del Estado social y democrático de derecho.   No sólo son palabras sino hechos verificables.

¿Si hay voluntad de paz del actor armado?

Eso esperamos. Aún hay esperanza de paz.