Por Emir Sader
El ensayo fue largo, pero el paro general despuntó y paralizó Brasil. De norte a sur, en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, el país se detuvo y salió a la calle para manifestar la defensa de los intereses de todos contra la ofensiva antipopular del gobierno golpista.
Si estaba apostando al fracaso del paro general para seguir adelante con la anulación de los derechos de la mayoría de la población, el gobierno se equivocó. Se apresuró para aprobar la liquidación del Código de Trabajo (CLT, por sus siglas en portugués), la tercerización, la eliminación de la seguridad social pública, para ponerse al servicio del mercado y los medios de comunicación, pero ahora se choca con el país real.
Hasta ahora el gobierno se apoyó en la mayoría conservadora en el Congreso, como si ella fuese representativa de la sociedad, para llevar adelante su programa regresivo. Fue acumulando resistencias, en el movimiento popular y en su propia base de apoyo.
Los movimientos populares, por su parte, fueron acumulando fuerzas, hasta el gran reto de la huelga general. Hay quienes piensan que es la solución definitiva de los conflictos. No es así. Es una gran demostración de fuerza y, al mismo tiempo, un momento de gran toma de conciencia por parte de los trabajadores de su papel de productores de toda la riqueza que tiene el país.
Su éxito eleva la lucha contra el gobierno golpista a un nivel superior. Las condiciones de rechazo a poner fin a la seguridad social ya existían, ahora se trata de frenar la eliminación del CLT en el Senado, con el fin de poner un límite a los avances del Gobierno y hacer que pierda la iniciativa y pase a temer cualquier nueva votación en el Congreso.
La lucha de clases irrumpe directamente en los enfrentamientos democráticos entre gobierno y oposición. Si el gobierno trata de mantener el centro de los enfrentamientos en el Congreso, valiéndose de la mayoría que todavía detiene, los movimientos populares lograrán ocupar las calles, donde la correlación de fuerzas le es totalmente favorable.
La dinámica de avanzar con el paquete de maldades del gobierno genera, al mismo tiempo, resistencias populares cada vez más amplias y, por lo tanto, pone límites al paquete. Cuanto más nos acercamos a las elecciones de 2018, el gobierno está encontrando con más resistencias dentro de su propia base de apoyo en el Congreso. Sumando las resistencias populares, se va configurando una tormenta perfecta para el gobierno, sobre todo a partir del segundo semestre mitad de este año.
Luego del paro general, el movimiento popular precisa seguir movilizando a sectores cada vez más amplios de la sociedad a partir de la conciencia de cómo se está vulnerando sus derechos, de cómo el país está retrocediendo, de cómo Brasil solo con la restauración de la democracia puede volver a crecer y a distribuir el ingreso. Necesita, al mismo tiempo, aumentar la presión sobre los legisladores para impedir la aprobación de la anulación de la seguridad social pública en el Congreso, de la eliminación del CLT en el Senado.
El movimiento popular necesita, al mismo tiempo, luchar para garantizar el derecho de Lula a ser candidato presidencial, que es la condición para que tengamos elecciones democráticas y de la recuperación del derecho del pueblo a decidir libremente, mediante el voto, sobre los destinos que desea para el país. Se trata de trabajar para anular toda capacidad de iniciativa del gobierno, para que éste vea que cualquier acción que realice será rechazada políticamente, que tendrá respuestas cada vez más drásticas y amplias de la población.
El paro general, por su éxito, es un nuevo marco en la lucha por la democratización del país y por la obstrucción de la acción mortífera del gobierno golpista contra Brasil. Refuta a quienes acusan al pueblo brasileño de una falta de voluntad de luchar por sus derechos y por los destinos del país. Muestra que la sociedad brasileña, movilizada y consciente, es capaz de restaurar la democracia y reconducir al país de nuevo por los caminos que fueron interrumpidos por el golpe.