POR ESTEBAN CRUZ*

Cuando iniciamos el trabajo en el proyecto de ley sobre violencia digital de género, mi enfoque como asesor de la senadora Clara López Obregón era claro: seguir la ruta institucional marcada por el acompañamiento de expertos, garantizaría mayor suficiencia técnica al proyecto. Pensé que un enfoque técnico, amparado por las herramientas del Estado, sería suficiente para proteger a las mujeres y diversidades sexuales de la violencia digital. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había subestimado un principio fundamental del parlamentarismo de izquierda: la legislación popular. Este proceso no me enseñó algo nuevo, sino que me recordó el error que estaba cometiendo, siendo un asesor formado en la izquierda, al desconocer el valor y la fuerza de la construcción de poder popular.

Desde un principio, el proyecto de ley pretendía abordar la violencia digital de género, pero las instituciones tienden en muchas ocasiones a enfrentar estas problemáticas desde una perspectiva lejana a la realidad de quienes las sufren. Aunque pueden contar con órganos expertos como el Consejo Superior de Política Criminal, muchas veces no logran captar la profundidad del problema ni su impacto en las mujeres. En contraste, las organizaciones sociales, como Karisma, Artemisas, Jacarandas entre otras, tienen una visión mucho más cercana y representativa de las problemáticas. Ellas han trabajado en el terreno, escuchando de primera mano los relatos de las víctimas. Son estas organizaciones las que han logrado identificar las verdaderas necesidades de protección, algo que muchas veces las instituciones estatales no logran comprender en su totalidad.

En el debate sobre el proyecto de ley anterior, se desarrollaron discusiones con las organizaciones de mujeres. Las organizaciones señalaron que el proyecto desvirtuaba su objetivo original, cambiando la protección contra la violencia de género por una protección más amplia de la intimidad, lo cual podría terminar beneficiando más a funcionarios que a las víctimas. Además, advertían que el nuevo delito podría desproteger a niños y niñas, y afectaría la libertad de prensa al incluir categorías de protección demasiado amplias. En ese momento, defendimos el proyecto creyendo que la protección del derecho a la intimidad abarcaba también las violencias de género digitales, que el nuevo delito no interfería con los derechos de prensa y que la remisión a las leyes existentes mantenía la protección adecuada para las mujeres. Hoy sabemos que esa defensa no respondía adecuadamente a las problemáticas reales. Las organizaciones tenían razón al señalar que el enfoque había sido desviado.

El nuevo proyecto de ley, fortalecido con la participación de organizaciones de mujeres y de la libertad de prensa, incluye penas privativas de libertad coherentes con la gravedad del delito, junto con medidas de protección como órdenes de restricción. También permite al juez ordenar el ocultamiento de contenido sexual íntimo publicado sin consentimiento, protegiendo la intimidad de las víctimas. Además, establece estrategias de sensibilización a cargo de los ministerios y capacitación docente para prevenir la violencia digital de género, mientras que la Ruta Única de Atención proporcionará asesoría, apoyo psicológico y legal a las víctimas, atendiendo las recomendaciones clave de las organizaciones sociales.

La creación del nuevo proyecto de ley contra la violencia de género digital demuestra la importancia de construir desde la base, escuchando a las organizaciones y respondiendo a las realidades de las mujeres y diversidades afectadas por esta problemática. El próximo martes 24 de septiembre, las senadoras Clara López, Ana María Pérez, y la representante Ingrid Aguirre, como autoras del proyecto, radicarán el texto a las 2:30 pm en la Secretaría del Senado. Con este acto, se espera que el proyecto avance de manera ágil a lo largo de los cuatro debates en el Congreso, con el objetivo de convertirse en ley de la República en un tiempo prudente.

*Abogado, asesor legislativo.