POR OCTAVIO QUINTERO
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ha manifestado públicamente que… “Mientras viva, no me voy a pensionar”.
De su manifiesta decisión se desprenden dos ideas básicas: primera, que su patrimonio acumulado le basta para afrontar con dignidad humana sus últimos años de vida; y, segunda, que no cree en el sistema pensional como política social importante.
Ambas ideas comprometen su imparcialidad como juez constitucional encargado de la ponencia de la reforma pensional, demandada por, supuestamente, violar el principio de publicidad.
El magistrado Ibáñez, en principio, debió declararse impedido para presentar una ponencia imparcial, como se espera de un juez constitucional, además.
Ahora que en este proceso se señalan vicios de procedimiento en la Corte, se suspende el trámite mientras se endereza el camino, y el magistrado de marras se prepara para presentar de nuevo la ponencia que, tal vez, volverá a pedir la inconstitucionalidad, porque él, como manifiesta, no la necesita y, además, no cree que la política pensional sea la solución de viejos, estos sí, necesitados de una pensión para vivir sus últimos años con dignidad.
Respetable la ideología personal del magistrado; de ahí que proponga tumbar todo el andamiaje que revela, por demás, su falta de sensibilidad social.
Conclusión
Un juez, y más el constitucional, en un Estado Social de Derecho (que algo tiene qué decir este precepto), debe tener bien abiertos los ojos a la hora de evaluar los alcances de sus fallos, y cerrarlos al bajar el martillo; no al contrario.
