EDITORIAL TSC /

Una definición corta y concisa sobre lo que es el pernicioso modelo económico neoliberal, la ha acuñado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO): es el enriquecimiento ilícito de unos avivatos a costa de las mayorías empobrecidas de un país. Y eso precisamente es lo que ha ocurrido en Colombia desde hace más de tres décadas cuando se impuso la arquitectura institucional de ese decálogo de recetas económicas en favor de la ganancia del gran capital a cualquier precio que se conoce como el “Consenso de Washington”, que por cierto muy poco tuvo de consenso y sí mucho de Washington.

El neoliberalismo, además, ha servido para el saqueo de las arcas del Estado, por cuanto en la mentalidad de los corifeos de esta malhadada concepción económica, en su afán de codicia y rapacería, la organización estatal debe ser achicada y esquilmada en beneficio de unas castas privilegiadas. Es, en definitiva, el pillaje de manera abierta y descarada.

Los sucesivos escándalos de corrupción que de manera continua se destapan en Colombia e indignan a su sociedad, no son más que parte del entramado del saqueo neoliberal que maquinan sus operadores vía los gobiernos de derecha que han regido sus destinos durante décadas. Sus “líderes” han llegado a los altos cargos del Estado con el único propósito de robar.

Dentro de este contexto hay que analizar la reciente denuncia de corrupción hecha por el senador del Partido de la U, Antonio Correa, quien hace pocos días detalló una serie de casos en los que, presuntamente, se desviaron fondos durante el cuestionado Gobierno de Iván Duque, de alrededor de 100 billones de pesos que estaban destinados a la compra de insumos médicos y otros recursos cruciales para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Según documentó el congresista, los dineros fueron utilizados para contratar empresas sin la capacidad necesaria, lo que condujo a sobrecostos, incumplimientos y adquisiciones irregulares. Responsabilizó del mal manejo de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la emergencia sanitaria, señalando un supuesto desvío de 100 billones de pesos que, según él, se utilizaron para enriquecer a unos pocos en lugar de beneficiar a la población.

Según el senador Correa, el entonces titular de la UNGRD, durante la administración Duque, habría llamado a amigos y socios para un “festín de contratación” que perjudicó a miles de familias en el país.

Correa también señaló que, gracias al nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se ha recibido información confidencial sobre estos temas, sugiriendo que existe una falta de transparencia en la gestión de la anterior administración.

Obviamente solicitó una severa investigación por parte de los órganos de control y de la Fiscalía para determinar cómo se esquilmaron esos billonarios recursos públicos de la salud de los colombianos.

La gravedad de las acusaciones plantea un escenario preocupante sobre la ética en la administración de recursos destinados a la salud y el bienestar de los ciudadanos, más aún, el hecho de que se haya utilizado un fondo destinado a enfrentar la pandemia del Covid-19 para robarlo, constituye un acto de lesa patria.

De ahí que la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, haya reaccionado ante las denuncias de su colega, el congresista Correa, exigiendo a la Fiscalía “dar con los responsables”.

La senadora López Obregón exigió que esta conducta criminal “debe ser sancionada por la sociedad y la justicia venga de donde venga”.

Por su parte, el contralor general, Carlos Rodríguez, anunció la creación de un grupo élite denominado “Ruta del dinero de la Salud” con el objetivo de determinar a dónde fueron a parar esos recursos públicos y ojalá iniciar los correspondientes procesos fiscales.

Este tipo de escándalos que siguen indignando a la sociedad colombiana hacen parte del funesto y largo capítulo neoliberal del cual Colombia aún no ha logrado salir y que explica adicionalmente porqué los sectores privilegiados y la oligarquía corrupta y decadente de este país,  buscan desestabilizar al Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha mostrado carácter y firmeza en su propósito de tratar de cambiar este criminal modelo económico que lo único que persigue es el atraco y el expolio de los recursos del Estado.