POR OMAR ROMERO DÍAZ

En Colombia la democracia siempre ha sido presentada como un ritual solemne, lleno de togas y discursos sobre el Estado de derecho. Pero bajo esa alfombra de solemnidad se esconde la maquinaria más vulgar: el voto convertido en mercancía, la justicia en contrato, la Fiscalía en guardaespaldas de los poderosos.

Lo simple es esto: en las calles del Atlántico un voto se compra como quien compra un saco de arroz. El ciudadano que debería decidir libremente termina reducido a cliente de un cacique. Ese clientelismo es la semilla que luego crece y trepa hasta las altas cortes. Allí ya no se reparten tamales, sino cargos y contratos: fiscales generales a la medida de banqueros y contratistas.

Recordemos el laboratorio oscuro que significó la elección de Néstor Humberto Martínez Neira, el fiscal del “cianuro”, cuya sombra sigue pesando sobre el caso Odebrecht. Nada fue casual: reuniones en yates, maletines con dinero, pactos entre contratistas y banqueros. El mensaje fue brutal: la Fiscalía no estaba para investigar, sino para garantizar impunidad. Después llegó Francisco Barbosa, convertido en el fiscal de bolsillo de un presidente que lo usó como ariete político. La institución que debía ser el contrapeso del poder terminó arrodillada ante él.

Y ahora, en este tablero, aparece la ficha mayor: Germán Vargas Lleras, el viejo zorro de Cambio Radical, hoy vestido de precandidato presidencial. Vargas no es un improvisado: es el arquitecto de un sistema en el que las mermeladas y los cupos indicativos aceitaban la maquinaria del Congreso, mientras sus alianzas con contratistas y clanes costeños le garantizaban poder territorial. Su precandidatura no es el regreso de un hombre, sino la resurrección de un modelo: el modelo de la política como negocio privado, del Estado como botín.

Pero el banquete de los intocables no se limita a Vargas Lleras. Se sientan también a la mesa figuras que pretenden disfrazarse de alternativas.

Una es Vicky Dávila, periodista convertida en aspirante presidencial, cuya relación cercana con clanes políticos y contratistas investigados por corrupción levanta sospechas sobre su independencia real. No es casual que ciertos medios sean guardianes de su campaña: se visten de críticos, pero protegen a los mismos de siempre.

Otra es María Fernanda Cabal, candidata que encarna sin pudor el viejo libreto de la ultraderecha: mano dura, negacionismo histórico y simpatía hacia la retórica paramilitar que sembró de sangre los campos del país. Su eventual llegada al poder no sería un cambio, sino la institucionalización del terror de los años noventa, maquillado como política de seguridad.

¿Qué le pasaría a Colombia si este modelo logra mayoría en el Congreso y la Presidencia?

• Las instituciones serían saqueadas: el Congreso convertido en notaría de intereses privados, la Fiscalía en seguro de impunidad, las cortes en teatros vacíos.

• La economía quedaría secuestrada: los contratos públicos repartidos entre amigos, los monopolios blindados, la inversión usada para enriquecer a clanes regionales y no para mejorar la vida de la gente.

• La democracia sería una farsa: elecciones donde no gana el que convence, sino el que paga. Una ciudadanía resignada a vender su voto porque sabe que el poder jamás le responderá.

Lo complejo es entender que no hablamos de personajes aislados, sino de un entramado: clanes políticos como los Char en el Atlántico, contratistas como los Gerlein, banqueros como Sarmiento, periodistas que orbitan alrededor de ese poder, y candidatas que ofrecen mano dura sin cuestionar la raíz de la violencia. Todos conectados por un hilo invisible de favores, maletines y silencios cómplices. Ese es el verdadero partido político que gobierna Colombia: el partido de los intocables.

Pero la dialéctica de la historia nos enseña que donde hay opresión también hay resistencia. Cada vez que estos banquetes de corrupción salen a la luz, crece la indignación ciudadana. Cada vez que un periodista rompe el cerco mediático, se resquebraja la máscara de impunidad. Cada vez que la gente vota sin venderse, se abre una grieta en el muro de los intocables.

La verdadera cuestión no es si Vargas Lleras, Martínez Neira, Barbosa, Dávila o Cabal que representan el engranaje del viejo orden eso lo juzgará el pueblo colombiano y, ojalá, algún día una justicia realmente independiente. La pregunta de fondo es otra: ¿seguiremos tolerando que nuestras instituciones sean el banquete privado de unos pocos, o tendremos la valentía de romper la cadena que nos condena a ser clientes eternos de los mismos clanes de siempre?

El futuro no está escrito. O elegimos seguir viviendo bajo el reino del maletín, o elegimos el camino de continuar con el cambio, con dignidad y con justicia.