EDITORIAL TSC /

La guerra jurídica, conocida con el término anglosajón de ‘lawfare’ desplegada por los sectores de ultraderecha y que se ha venido dando para derribar a gobernantes progresistas y/o de izquierda principalmente en América Latina, ha traspasado frontera y ahora el turno le correspondió a España. Su presidente, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, fue víctima de un ataque que buscó afectarlo en su integridad familiar, ante el hecho de que el sindicato de tintes fascista Manos Limpias accionó judicialmente contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias.

Aunque la denuncia fue archivada por la Fiscalía de Madrid por inconsistencia probatoria si alcanzó a afectar al mandatario español, quien se tomó unos días para determinar si seguía o no al frente del Gobierno ante la inclemente guerra desatada por la ultraderecha a través de este sindicato secundado por  los neofranquistas Partido Popular y la formación política Vox, junto con su artillería mediática.

No obstante que este lunes 29 de abril Pedro Sánchez ha salido a anunciar que continúa al frente del Gobierno de España, este nuevo caso de ‘lawfare’ debe poner alerta a los gobiernos progresistas de América Latina y particularmente de Colombia, cuyos agresivos adversarios vienen haciendo uso de la justicia y de su corrupto aparato mediático para prefabricar causas penales con el propósito de dar “golpes blandos” y buscar derribarlos a como dé lugar porque afectan sus mezquinos intereses.

En el caso español, el Gobierno de Pedro Sánchez con cierto desdén miraba los fenómenos de guerra jurídica en América Latina bajo el convencimiento de que la cosa no era con él. Incluso Sánchez y el PSOE llegaron a reconocer al pintoresco personaje Juan Guaidó como “presidente de Venezuela” cuando Estados Unidos armó todo un libreto para “empoderar” a este personaje cantinflesco.

La arremetida contra Pedro Sánchez constituye una nueva alerta sobre las implicaciones que tiene para el sistema democrático la ofensiva de la derecha en el ámbito internacional que utiliza como herramienta de ataque el ‘lawfare’ que busca ir más allá de los golpes de Estado clásicos que tanto han caracterizado al continente latinoamericano en el siglo XX, y también a España, por cierto.

Con lo ocurrido al mandatario español queda claro que el fenómeno de la guerra judicial ha traspasado las fronteras y deviene en una praxis global de quienes, a lado y lado del océano, no respetan en la práctica la soberanía popular y tratan de imponer gobiernos autoritarios con tintes fascistas.

Las tácticas utilizadas por la derecha para poner en marcha esta especie de “golpe blando” constituyen prácticas aberrantes por cuanto se exhibe la parcialidad de jueces venales y la flagrante captura del Poder Judicial por parte de camarillas conservadoras y corruptas.

Este fenómeno de tratar de derribar gobiernos progresistas que luchan contra el statu quo en el que hay una conjunción de protervos intereses por parte de jueces, partidos políticos de derecha, sectores oligárquicos y medios de comunicación corporativos prestos a difundir bulos acordes con sus filias ideológicas y sus intereses económicos, representa uno de los mayores peligros para la democracia en la actualidad. Este tipo de operaciones distorsionan la voluntad popular al instalar la idea de que determinados dirigentes son culpables de ilícitos o faltas administrativas en los que no tienen ninguna responsabilidad y, en casos extremos, son el punto de partida de golpes de Estado oligárquicos.

Como advirtió recientemente el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, los sectores progresistas deben organizarse dentro y más allá de las fronteras nacionales para proteger a la sociedad del crecimiento de la ultraderecha y su embate antidemocrático. Se trata de salvaguardar la institucionalidad frente a las pulsiones golpistas.

La gravedad del ‘lawfare’ radica en el uso de mecanismos presentes en la legalidad e institucionalidad del propio sistema para impedir la transformación del mismo, combinados con prácticas irregulares que son legitimadas por el poder mediático. Es lo que se puede palpar en varios países de América Latina, particularmente en Colombia, donde la ultraderecha tiene como firme propósito no dejarle terminar el periodo constitucional al presidente Petro, atravesándosele a como dé lugar en su propósito de materializar las reformas sociales históricamente aplazadas.