POR CLAUDIA JULIETA DUQUE /
José Alexis Mahecha fue director de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) cuando la entidad estatal se prestó como un aparato para perseguir a líderes y organizaciones sociales durante el gobierno Uribe. Aunque fue investigado, en dos instancias fue absuleto por la justicia. Su caso todavía lo revisa la Corte Suprema de Justicia y en el expediente madre por las “chuzadas” del DAS quedaron pruebas de su presunto rol en el escándalo judicial.
El nombramiento de José Alexis Mahecha Acosta, exdirector de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en la subdirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de Gustavo Petro pasó sin mucha gloria y algo de pena en medio de la agitada agenda noticiosa del país. Absuelto en primera y segunda instancia por las mal llamadas “chuzadas” y pendiente de sentencia de casación, Mahecha ha estado vinculado al gobierno desde la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud, pese a haber sido acusado de realizar seguimientos al actual gerente de RTVC, Hollman Morris, en 2005.
Y aunque los fallos le favorecen, en diferentes expedientes del caso DAS quedó el rastro de las actividades ilegales realizadas por el extinto organismo de seguridad en Santander y Valle del Cauca, donde Mahecha ejerció como director del DAS entre 2004 y 2009. El blanco: organizaciones no gubernamentales, asociaciones campesinas, y hasta un exsenador que hasta hace pocas semanas fue un importante alfil del gobierno Petro: Alexander López Maya, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Si bien el nuevo subdirector del DAPRE no fue investigado por ninguno de estos casos, existen informes de inteligencia que llevan su firma, pruebas de polígrafo, investigaciones internas y confesiones de exfuncionarios del DAS -e incluso una declaración suya- que, analizadas en conjunto, dejan dudas sobre cuál fue realmente su rol en la persecución y montajes en contra de quienes, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fueron considerados opositores y “enemigos”.
El montaje contra la Acvc
Contrario a muchos de los implicados en el escándalo del DAS, Mahecha Acosta no fue un funcionario de carrera en esa entidad. Llegó al organismo en agosto de 2004, por ofrecimiento directo del entonces presidente Uribe, a quien, según sus propias palabras, conoció en octubre de 2000 en Ibagué durante una reunión con empresarios cuando era “desconocido”. En ese momento, el hoy subdirector de Presidencia le ofreció hacerle campaña desde el Movimiento Cívico por la Paz que Mahecha fundó y con el cual resultó elegido concejal de la capital tolimense para el período 2001-2003.
Cuando Mahecha llegó al DAS en Santander, según las pruebas recogidas por la Fiscalía General de la Nación, la entidad ya adelantaba rastreos ilegales contra varias oenegés y defensores de derechos humanos de la región. Años después, todos fueron, calificados como víctimas en un informe de 250 páginas realizado en noviembre de 2009 por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), el cual es conocido en el caso DAS como el “anexo 49ʺ.
Allí aparecen los nombres de miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) en esa zona del país; la Organización Femenina Popular (OFP) de Barrancabermeja; la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos); la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalp); la Asociación de Desplazados de Piedecuesta (Asidespie); la Corporación para el Desarrollo del Oriente; Corporación Compromiso; la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc).
En el expediente de las “chuzadas” del DAS, la rúbrica de Mahecha Acosta, en su calidad de director seccional en Santander, aparece en al menos en dos informes de inteligencia en contra de los denominados “blancos” del organismo de seguridad durante el Gobierno Uribe Vélez.
Un primer reporte con el rótulo de “SECRETO”, fechado el 20 de septiembre de 2004, contiene el resultado de labores de inteligencia realizadas a una abogada de Credhos y los nombres de los directivos de esa organización. En la parte superior del reporte se encuentra un manuscrito de Jaime Fernando Ovalle Olaz, coordinador del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) del DAS, que reza: “*Se habló con Dir SecDAS Sant – Dr. Mahecha, quien quedó de enviar video”.
Sin embargo, ese documento y sus anexos, en los que se incluyen fotografías e informaciones sobre personas defensoras de derechos humanos en el departamento de Santander, no fue tenido en cuenta en la resolución de acusación de la Fiscalía contra Mahecha Acosta y otros agentes del DAS del 30 de agosto de 2016. El único reporte de inteligencia incluido como prueba en contra del exfuncionario fue un memorando del 23 de septiembre de 2005 que da cuenta del cubrimiento del DAS a un foro sobre Justicia y Paz organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. En ese evento participó, entre otros, el periodista Hollman Morris, para entonces director del programa Contravía.
Entre otras razones, Mahecha resultó absuelto porque, durante el juicio, su defensa presentó dos declaraciones extrajuicio firmadas en una Notaría de Ibagué por el propio Morris y el hoy presidente Gustavo Petro. Según el Juzgado Sexto Penal Especializado de Bogotá, en estas “los declarantes manifiestan conocer a Mahecha Acosta como un servidor responsable, enmarcado en principios democráticos y respetuosos de los derechos de las personas”. Aunque este medio intentó conseguir copia de tales documentos, no fue posible, pues el Juzgado asegura que fueron suscritos en la Notaría 38 de Ibagué, ciudad en la que solo existen ocho Notarías.
Durante sus salidas procesales, Mahecha Acosta negó haber conocido la existencia del G-3 o haber recibido órdenes de perseguir organizaciones de la sociedad civil, periodistas o defensores de derechos humanos. Pero en una declaración suya del 10 de mayo de 2014, en el radicado 002 de la Fiscalía, el exjefe de Inteligencia del DAS admitió que “sobre oenegés se desarrolló una investigación que se judicializó, eran vínculos con grupos terroristas del Magdalena Medio por parte de la oenegé de nombre Asociación XXX (sic)Valle del Cimitarra, en la cual se solicitaron las órdenes respectivas y acompañados de la Fiscalía General de la Nación”.
Se trata de la Asociación Campesina Valle del Río Cimitarra (Acvc), reconocida por la Fiscalía como víctima del DAS para los años 2004 y 2005 -cuando José Alexis Mahecha fungía como director seccional en Santander. En contra de los miembros de esa asociación se elaboraron informes que llevaron a la apertura de varias investigaciones judiciales que, a la postre, generaron la emisión de 18 órdenes de captura contra los principales líderes de la organización: seis de ellos fueron detenidos y otros 12 lograron salir al exilio.
El caso tuvo varias rupturas procesales que terminaron en la preclusión o absolución de la totalidad de los encartados, quienes lograron demostrar la existencia de un montaje estructurado con testigos falsos (paramilitares que se hicieron pasar por víctimas y resultaron detenidos posteriormente), así como de reportes de batalla del Ejército y memorandos de inteligencia del DAS contra la Acvc.
Según el Tribunal Administrativo de Santander, en un fallo del pasado 13 de marzo, aunque en el caso la Fiscalía identificó plenamente a los acusados, “no les notificó a estos imputados conocidos (…) que existía un proceso en su contra para que pudieran ejercer sus derechos a la defensa y el debido proceso”. Si bien el fallo asevera que “no hay duda sobre la existencia del daño que se pregona con la demanda”, absuelve a la Nación por estos hechos con el argumento de que no le fue allegada la totalidad del expediente y ello le impidió hacer un análisis completo del caso para determinar la responsabilidad del Estado en el montaje judicial.
La demanda fue presentada en la jurisdicción contenciosa por Ramiro Ortega Muñetón, Cristian Andrés Ortega, Katerine Ortega Barba, Yuliana Ortega Cruz, Nancy Esther Cárcamo Miranda, Elmer Ortega Giraldo y Juan Camilo Ortega Giraldo, siete de los líderes afectados con el montaje judicial, quienes buscaban una indemnización por la detención arbitraria y el acoso judicial que sufrieron.
En la sentencia se advierte que la investigación preliminar contra los líderes de la Acvc por el delito de rebelión “tuvo como fundamento el informe de Policía Judicial del DAS, fechado en Bucaramanga el 04 de mayo de 2005ʺ. En el mencionado informe, el DAS aseguraba que: “(…) Logró conocer información sobre la influencia, colaboración y vínculos ejercidos por la organización terrorista Farc al interior de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, a través de 18 sujetos, quienes al parecer son colaboradores de las Farc y se encuentran adelantando misiones de inteligencia a través de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra en esta zona, facilitando así la ejecución de acciones terroristas y, por lo tanto, de esa manera consolidar el accionar de las Farc. Integrantes de esta estructura alias Andrés Gil, alias Miguel Ángel, alias el policía (…)”.
En el fallo queda constancia de que, entre marzo y junio de 2005, el DAS aportó a la Fiscalía al menos ocho reportes de inteligencia contra la organización campesina. Mientras ello sucedía, el Gobierno Uribe congelaba la figura jurídica que constituyó la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, en incumplimiento de los acuerdos firmados durante el éxodo campesino del Magdalena Medio de 1998. Por su parte, la Acvc denunciaba la detención en dos ocasiones de Álvaro Manzano, líder de la organización, la última de ellas por parte del DAS.
El 13 de junio de 2005, la Acvc emitió una acción urgente por seguimientos de la clausurada policía secreta en contra el periodista César Jerez, para entonces miembro de la asociación y coordinador de la Agencia Prensa Rural, reconocido en 2009 como víctima del DAS en el caso de las “chuzadas”. Jerez debió exiliarse en 2006, a raíz de las amenazas y el acoso sufridos, en el marco de los cuales hasta la casa de su madre fue allanada.
De acuerdo con el fallo del Tribunal Administrativo, la investigación contra los miembros de la Acvc se adelantó en secreto durante 30 meses, sin que ninguno de los procesados pudiera conocerla ni acceder al expediente para ejercer su derecho de defensa. Los líderes de la asociación empezaron a ser detenidos a partir 2007, cuando ya Mahecha Acosta había sido trasladado como director seccional del DAS al Valle.
Pese a la persecución y los exilios, la Acvc -que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2000- logró mantenerse. En parte gracias al recambio en los liderazgos (asumido por las mujeres de la organización), el acompañamiento masivo de campesinos del Magdalena Medio a las audiencias y al proceso judicial, y la defensa penal ejercida por la oenegé Humanidad Vigente, en cabeza del abogado Luis Alegría (ya fallecido). En 2010, la Asociación fue galardonada con el Premio Nacional de Paz y en 2019 con el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Andrés Gil Gutiérrez, uno de los líderes históricos de la Acvc, en la actualidad alejado de los procesos organizativos y dedicado a la producción agrícola, estuvo dos años detenido, mientras sus compañeros quedaron en libertad entre seis y siete meses después de su captura. Según sus propias palabras, cuando comenzó el acecho en su contra “estábamos en pleno desarrollo de la seguridad democrática del gobierno Uribe, uno de cuyos elementos más destacados, junto al tema de los falsos positivos, fue el de las chuzadas ilegales contra dirigentes sociales y políticos y el establecimiento de expedientes vía informes de inteligencia militar, y seguimientos del Departamento Administrativo de Seguridad, de la Policía y del Ejército Nacional. Hoy tenemos claro que hubo más de 11 mil o 12 mil líderes que fueron llevados a prisión de manera injusta”.
En el caso de la Acvc, “se trató de un intento de descabezar la junta directiva para generar caos en el proceso, instalar una sensación de ilegitimidad y destruir la organización (…) la mayoría de nuestra junta directiva fue encarcelada en el pabellón de máxima seguridad de Palo Gordo, en condición de presos de alta peligrosidad. Hubo un compañero, Miguel Ángel González Huepa, cuyo hijo fue víctima de un falso positivo mientras estaba en prisión. Es decir, las consecuencias organizativas, familiares y sociales de nuestro encarcelamiento se vivieron de manera dramática. En el caso mío, mi hija estaba recién nacida, solo pude verla dos veces. Prácticamente me perdí los primeros dos años de su vida”.
El periodista César Jerez, por su parte, recuerda que “producto de esta persecución 11 líderes tuvieron que exiliarse en Venezuela. Yo me exilié en Cataluña. Ese es el impacto del desempeño de este señor (José Alexis Mahecha Acosta) que ahora ha llegado a ocupar un alto cargo en el DAPRE y que viene de ocupar otros cargos en la actual administración, particularmente en el Ministerio de Salud. Es el típico caso del victimario al cual se le premia su actuación contra las organizaciones sociales y los líderes campesinos, del victimario premiado mientras las víctimas siguen a la espera de la justicia”.
Seguimientos a Vanguardia Liberal y presuntos nexos con alias ‘Botalón’
En febrero de 2006 Mahecha Acosta fue trasladado al departamento del Quindío, luego de que las directivas de Vanguardia Liberal, principal periódico del oriente del país, denunciaran seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS. Alejandro Galvis Ramírez, presidente del diario; Alejandro Galvis Blanco, gerente, y Sebastián Hiller Galvis, para entonces director, aseguraron en un editorial publicado en primera página el 24 de febrero de 2006 que estaban siendo rastreados física y telefónicamente por agentes de inteligencia.
En junio de 2015, en testimonio rendido en el radicado 002 de la Fiscalía, Mahecha Acosta explicó que “de todas las investigaciones fui exonerado. Inclusive el director Andrés Peñate en la mañana me dijo que yo debía retirarme de la entidad por el bien de la misma, siendo el mismo doctor Galvis por la tarde quien habló con Peñate, le explicó la situación y le dio las mejores referencias del suscrito por lo que el doctor Andrés Peñate me llama después de hablar con el doctor Galvis me dice que lo disculpe por los diferentes llamados de atención fuertes que tuvo durante el día, que ya no me retire de la entidad y que me va a buscar un lugar cerca a mi casa (Ibagué) donde yo pueda seguir cumpliendo con la buena labor que venía desarrollando. Averiguando posteriormente sobre el tema, al parecer el periodista que publicó la noticia fue engañado o manipulado por algún detective amigo de él en retaliación a unas capturas que había realizado de algunos funcionarios de la misma seccional que se habían desviado de la misión institucional y habían incurrido en hechos delictivos y el propósito era sacarme de la seccional. Como ya lo mencioné antes, tuve la necesidad de capturar a nueve hombres que equivale al cinco por ciento del personal de la seccional”.
Aun cuando el caso fue archivado, en la base de datos del Grupo de Asuntos Especiales (GAES) de la Dirección de Contrainteligencia del DAS, reposan piezas que evidenciarían que el periódico santandereano sí fue objeto de pesquisas por parte del DAS. Esas pruebas están todavía en en los discos duros que la Fiscalía tiene en su poder y que nunca habrían utilizadas en investigaciones judiciales. En uno de los registros del GAES se lee datos sobre la apertura de una indagación denominada “caso Botalón”, asignada a dos detectives de contrainteligencia el 7 de abril de 2006.
El resumen del caso asegura que “mensajes allegados al email del señor Galvis indican que el DAS Santander está cuestionado porque varios agentes han sido capturados en actos criminales. De igual forma señala irregularidades del señor José Alexis Mahecha Acosta, director del DAS Santander; el año pasado (2005) este director y el gobernador (Hugo Aguilar Naranjo) hicieron contacto con Botalón, recibiendo mil y cien millones de pesos respectivamente, para que no tocar (sic) sus rutas para sacar estupefacientes. Manifiesta que en la seccional se estaba investigando al gobernador, pero dicha investigación se ha estado tapando. Hay varios funcionarios que por orden del señor Mahecha le prestaban apoyo”.
‘Botalón’ es un curtido jefe paramilitar que inició a los 22 años en esos grupos. En la década de los 80 fue uno de los hombres de confianza del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, entrenado por Yair Klein, el ciudadano israelí que el capo del narcotráfico trajo al país para reforzar operaciones de la mafia. En los inicios del paramilitarismo, Triana Mahecha se unió al grupo de Los Escopeteros, para luego conformar, junto a Ramón Isaza, los grupos paramilitares que operaron en Puerto Boyacá y el Magdalena Medio.
Como se recordará, el exgobernador Hugo Aguilar fue sancionado en 2011 por la Procuraduría por sus nexos con paramilitares de Santander y Puerto Boyacá, entre ellos Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, para ser elegido como mandatario regional. Además, en 2013, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión por estos hechos. ‘Botalón’, por su parte, fue testigo de la defensa de Aguilar y negó haberle brindado apoyo.
En otro registro de 2005 sobre una queja presentada por una funcionaria del DAS en contra Mahecha Acosta, el GAES da cuenta de que “se consultaron fuentes, sin descartarse la posibilidad de que el director tenga vínculos con grupos al margen de la ley, como las AUC, al igual que con partidos políticos de izquierda. Tener en cuenta la información para futuras investigaciones”.
Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, estuvo a punto de ser expulsado de Justicia y Paz en 2011, luego de que confesara la tortura, descuartizamiento y asesinato de Jesús María Marulanda Pérez, miembro del espacio humanitario “La India” y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), Magdalena Medio santandereano, el 3 de octubre de 2005.
De acuerdo con Donaldo Quiroga, líder de la ATCC que participó en el hallazgo y recolección de los restos de su compañero -conocido en la organización como Suso Marulanda- resulta inexplicable e indignante que los hombres al mando de ‘Botalón’ hubieran salido de la zona de ubicación temporal del corregimiento San Fernando en Cimitarra solo para cometer ese crimen y que meses más tarde, en enero de 2006, ‘Botalón’ se desmovilizara sin mayores consecuencias.
En noviembre del año pasado, el gobierno de Gustavo Petro nombró a Triana Mahecha como gestor de paz. Un mes después fue expulsado de forma definitiva de la jurisdicción de Justicia y Paz dada su nueva condena -de febrero de 2024- por narcotráfico y concierto para delinquir en Cimitarra. ¿Contará algún día el histórico jefe paramilitar la verdad sobre sus presuntos nexos con José Alexis Mahecha, hoy director del DAPRE de Gustavo Petro? El Espectador se contactó con el subdirector del Dapre, quien insistió en que la justicia ha probado, no una sino dos veces, que nada tuvo que ver en los hechos criminales del sonado caso de las “chuzadas” del DAS.
“Con toda la confianza puedo decir que la justicia me ha absuelto en dos ocasiones, pues en ningún proceso ha encontrado elementos probatorios para probar mi responsabilidad en los hechos. Mi absolución no solo la decretaron dos jueces diferentes, uno de un juzgado y otro de un tribunal, sino que la Procuraduría también pidió mi absolución. Lo que las investigaciones judiciales han probado es que, para la época de los hechos, yo era concejal de Ibagué (solo estuvo entre 2001 y 2003), por lo que nunca se configuró ninguna conducta punible. Asistí a todas las audiencias y llamados de la justicia para probar mi inocencia y al final logramos demostrar que nunca tuve responsabilidad en nada”, relató Mahecha.
Sobre su presunta relación con alias ‘Botalón’ y Hugo Aguilar, el funcionario fue insistente en que nunca conoció al exjefe paramilitar y en que tampoco tuvo ninguna relación ilegal con el expolítico de Santander. “En ningún momento fui cuestionado por esa supuesta relación con el señor ‘Botalón’. Insisto en que no lo conozco. Aquí me gustaría dejar claro que, después de 12 años de estar involucrando en la investigación judicial, al final la justicia me dio la razón: nunca tuve que ver con ninguna conducta ilegal durante mi paso por el DAS”, concluyó.
El Espectador, Bogotá.
