Por Alfredo Molano Bravo
El documento presentado por el Centro Democrático llamado “Bases para un acuerdo nacional de paz” es una pieza reaccionaria y provocadora que busca echar el país para atrás o empujarlo al abismo.
Uribe y sus corifeos buscan, al acusar el acuerdo de La Habana de propiciar la impunidad, proteger al paramilitarismo, a los parapolíticos, a las manzanas podridas, a los despojadores de tierras, a los terratenientes, es decir, a su combo, para que las cosas sigan como siempre. Uribe recoge el pensamiento más retardatario político y religioso que va de Núñez a Laureano, y con él amasa una propuesta que en el fondo es una invitación a Santos y a Pastrana para crear otro Frente Nacional y arremeter así, con todos los fierros, contra las guerrillas.
La propuesta más radical es la eliminación de la Jurisdicción especial para la paz y regresar a la Ley de justicia y paz que dejó en la más absoluta impunidad al 99,99% de los paramilitares: 35 sentencias de los 4.440 desmovilizados. Más aún, Uribe, que tanto ha gritado contra el reclutamiento de menores, impidió que 3.000 niños que estaban en las filas paramilitares fueran entregados al ICBF. ¡Cuánto fariseísmo! Preocupa que la idea de volver a la Ley 975 de 2005 sea también la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez, tan amigo de Vargas Lleras. Por supuesto que no se trata de judicializar a unos poquísimos guerrilleros si se aplica la 975 tal como ha sido aplicada. Lo que pretende Uribe es dividir las guerrillas, al condenar por la justicia ordinaria a los comandantes –que son quienes podrían ser acusados de crímenes de lesa humanidad– y amnistiar a sus tropas. Es en este punto exactamente donde se cruzan dos rayas rojas. El Centro Democrático no cederá en este punto porque sabe que la Jurisdicción de paz podría destapar todo lo que ha sido tapado desde la muerte de Pedro Juan Moreno. Un expediente pesado. Tampoco cederá en este tema la guerrilla no sólo porque renunciaría a un principio establecido desde siempre, sino porque cualquier concesión en el tema amenazaría con una división en sus filas y nada ha caracterizado tanto a las Farc como su unidad.
Por lo demás, lo que se propone el uribismo es impedir que los jefes de las guerrillas vayan al Congreso y participen de la vida política. Es el miedo que ha caracterizado a la extrema derecha, el que está detrás de los asesinatos de Gaitán, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. El pavor de ser desplazada por una fuerza que reduzca sus privilegios. Privilegios políticos con que siempre se ha defendido la gran propiedad y que de nuevo brincan en la propuesta del Centro Democrático: trabar la realización de un catastro técnico y actualizado; atravesarse al limitado alcance de la Ley de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011); privilegiar la agroindustria de la palma, la caña de azúcar, los granos transgénicos, en detrimento de la economía campesina; generalizar las Zidres y debilitar más las cinco Reservas Campesinas, y, como si fuera poco, volver a la fumigación de cultivos de coca como método para desplazar colonos y ampliar la frontera agrícola en favor de la ganadería extensiva. Es decir, la uberrimización del campo.
Las manifestaciones que han llenado calles y plazas muestran qué tan pírrica es la mayoría del No alcanzada en el plebiscito y qué tan carente de principios éticos es el uribismo que lo demandó ante las Cortes para ahora usar su resultado como programa electoral. El Sí confía en que la valiente perseverancia del presidente en la búsqueda de la paz no ceda a los cantos de sirena de un nuevo Frente Nacional que, como el del 57, conduzca a la guerra.
El Espectador, Bogotá.