Por Máximo Noriega Rodríguez
Por la crisis de la IPS Universitaria de Antioquia, el operador privado contratado por la Alcaldía de Barranquilla, desde este 15 de julio los barranquilleros tienen en riesgo la prestación de los servicios de salud.
La salud en Barranquilla no es prestada ni administrada directamente por el Estado, como lo establecen la Constitución y la ley, sino que lo hacen a través de operadores externos de derecho privado que facilitan un manejo más libre de los recursos estatales para estos fines, lo que aumenta el riesgo de corrupción y viola flagrantemente la Ley 100 de 1993 en su artículo 194. En efecto, en Barranquilla no existe una Empresa Social del Estado -ESE- del Distrito que preste los servicios de salud y garantice este derecho, sino que desde hace una década lo presta la IPS Universitaria de Antioquia, entidad regida por el derecho privado que en la práctica materializa la privatización de la salud y que tras múltiples escándalos de presunta corrupción entró en una crisis que le impide seguir prestando los servicios, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la salud de todos los barranquilleros.
Con esta exótica figura que hoy estalla en crisis, el alcalde de Barranquilla presumiblemente prevarica pues contraviene directamente lo estipulado por la ley, amén de facilitar la violación de los derechos laborales del personal asistencial, como se demostrará más adelante. Con el modelo actual, se viola la Ley 100 de 1993, que señala en su artículo 194 lo siguiente: “Naturaleza. (Reglamentado por el Decreto Nacional 1876 de 1994) La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”.
Como si fuera, poco con esta figura presumiblemente ilegal está en riesgo la garantía constitucional del derecho a la salud para los barranquilleros, pues la IPS Universitaria de Antioquia, que se ha visto inmersa en múltiples escándalos de presunta corrupción, se encuentra en crisis lo que le impediría seguir prestando los servicios contratados con terceros desde este 15 de julio de 2017, por lo que a los médicos, especialistas, técnicos, enfermeras y personal administrativo, se les comunicó que sus servicios serán contratados a través de otras figuras por otras empresas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la salud.
De La Tercerización a la “Quinterización”
Actualmente, el modelo de salud en Barranquilla hace ya no una tercerización, sino una “quinterización”, pues los servicios médicos son subcontratados con subcontratistas que, a su vez, subcontratan nuevamente los servicios. La IPS Universitaria de Antioquia subcontrata con una entidad denominada Federación de Salud “FEDSALUD”, quien a su vez subcontrata a agremiaciones sindicales denominadas “OPCIONES”, que a su vez vuelve a subcontratar a los trabajadores administrativos como facturadores, auxiliares contables, etc. Sin embargo, el riesgo aumenta pues la IPS Universitaria canceló desde el pasado 30 de mayo, de manera unilateral, los contratos laborales colectivos suscritos con FEDSALUD, en una decisión que fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo. Como si fuera poco, la IPS Universitaria de Antioquia les adeuda a unos 1.700 trabajadores de la salud contratados a través de subcontratistas la no despreciable suma de 13 mil millones de pesos, correspondientes a nóminas, prestaciones sociales y liquidaciones, violando todas las regulaciones en la materia.
El modelo de subcontratación con FEDSALUD se replica también con otras dos agremiaciones; DARSER, mediante la cual se subcontrata a enfermeras y auxiliares de enfermería, y con PROENSALUD, mediante la cual se subcontrata a médicos y especialistas. Lo grave de esta situación es que afecta directamente a los usuarios, pues estos contratos los suscriben con los trabajadores pagándoles precio por hora trabajada. Por ejemplo, a los médicos generales se les cancelan 9 mil pesos por hora, y a un médico de urgencias 11 mil pesos, de tal forma que básicamente les “embuten” el mayor número posible de pacientes a los médicos para que atiendan más gente en menos tiempo por los mismos 9 mil pesos la hora. Un médico, quien estudió 7 siete años invirtiendo ingentes cantidades de dinero y que tienen en sus manos la vida de las personas, termina ganando menos sueldo que cualquier otro trabajador, lo que trae como consecuencia médicos agotados y estresados.
¿Un privado cumpliendo la función misional del Estado?
Es obligación del Estado, en este caso de la Alcaldía de Barranquilla a través de una Empresa Social del Estado, prestar los servicios de salud, que se define como una función misional permanente que no puede ser asumida con personas contratadas bajo la modalidad de contratos cooperativos o solidarios, o civiles, que connota contratos que no son laborales, para supuestamente ahorrar costos, en contra del mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de la salud en Barranquilla, tal y como lo ha sostenido la Corte Constitucional al declarar la constitucionalidad condicionada “del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el entendido de que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la Empresa Social del Estado o cuando se requieran conocimientos especializados”, a través de la Sentencia C-171 de 2012.
Para el caso de Barranquilla, la IPS Universitaria de Antioquia y sus subcontratistas, que a su vez subcontratan, están suplantando al Estado pues cumplen una función misional de competencia exclusiva del Distrito, violando la Constitución y la ley. La sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional es clara, pues advierte que “xiii) Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha advertido, especialmente a las autoridades administrativas y a los empleadores del sector público, pero también a los particulares y empleadores del sector privado, sobre el necesario respeto a la prohibición derivada de las normas constitucionales –art.25, 53, 123 y 125 Superiores-, de contratar a través de contrato de prestación de servicios, funciones permanentes y propias del objeto de las entidades públicas o privadas, ya que esta práctica desfigura el concepto de contrato, constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores, fomenta procesos de deslaboralización, incumplimiento que acarrea graves consecuencias administrativas y penales”.
¿Por qué, entonces, la administración distrital de Barranquilla se atreve a retar a las autoridades presuntamente violando la ley?
Detrimento patrimonial
Con el modelo de salud de Barranquilla, la administración distrital ha facilitado la utilización de los bienes públicos como hospitales y puestos de salud, para que un privado obtenga utilidades. Con esta “quinterización” laboral, la IPS Universitaria de Antioquia, que se dice de capital público pero que se rige por el derecho privado, ha venido operando los hospitales como el General de Barranquilla, La Manga y el Nazareth, así como otros 8 “Caminos” y 34 “Pasos”. Lo llamativo es que esos bienes hacen parte de la masa liquidatoria del sistema de salud de Barranquilla, y que se nos había dicho que eran inviables por lo que se liquidó la anterior ESE Distrital ¿Si eran inviables, por qué se entregaron a un privado para su usufructo? La situación es abiertamente un detrimento patrimonial para el Distrito de Barranquilla, pues la ley prohíbe expresamente la entrega de bienes públicos para que privados obtengan utilidades de ellos. En este caso, la desfachatez es tal que la sede de uno de los subcontratistas es el hospital de Nazareth, lo que quiere decir que ni siquiera los privados pagan arriendo para sus propias oficinas.
Debido a las múltiples irregularidades que entraña este modelo, es imperativo que intervengan tanto la Procuraduría como la Contraloría, para que la administración distrital responda por los hechos denunciados y se evite una debacle humanitaria. Que los vampiros no sigan administrando el banco de sangre.
