POR RICARDO GOTTA /

Desde antes de asumir en enero de este año, el progresista Bernardo Arévalo enfrenta una intrincada disputa contra fiscales que en siete meses de gobierno ya formularon seis pedidos de desafuero. Una justicia históricamente corrupta. El rol de EE.UU., la Unión Europea (UE) y los países de la región. Similitud con otros casos.

El pasado martes 20 de agosto se cumplió un año de la segunda vuelta electoral de las presidenciales guatemaltecas que consagraron a César Bernardo Arévalo de León. Su partido, el Movimiento Semilla arrasó con más del 60 % pero la incertidumbre era si podía asumir se mantuvo hasta el mismo 14 de enero de 2024, el día en que el político, sociólogo y escritor progresista y su vicepresidenta Karin Herrera asumían por fin la investidura en el centro cultural Miguel Ángel Asturias. Horas después él ingresaba a la Casa Crema, la residencia presidencial oficial, en la Zona 1 de la ciudad de Guatemala, la capital del país centroamericano.

Antes y después, el hostigamiento judicial ha sido ostensible y denodado por una camarilla de fiscales y dirigentes de la ultraderecha, un verdadero caso de ‘lawfare’ (guerra jurídica), otro más de los padecidos por los gobiernos de la región. En Guatemala, las caras visibles son el fiscal Rafael Curruchiche y su jefa, la fiscal general, Consuelo Porras. A tal punto que él, desde que ella lo nombró, el 3 de agosto de 2021, ya fue severamente cuestionado por más de 40 países, algunos de los cuales, le vetaron el ingreso a sus territorios y lo acusan de obstaculizar la lucha contra la corrupción.

Antes

El Movimiento Semilla nació en 2018 y fue tan indigerible para el poder real guatemalteco como el triunfo de Arévalo. Surgió como un grupo de reflexión en 2014 y fue creciendo hasta tomar la forma de movimiento, siempre liderado por el entonces diputado. Cuando se vislumbró el triunfo en las presidenciales se aceleró la maquinaria golpista. Nueve partidos conservadores alegaron irregularidades y denunciaron un insólito «fraude electoral». Hasta le suspendió la personaría jurídica. Con un aliado: Curruchiche.

Fueron cinco meses desde las elecciones a la asunción, con impedimentos de toda índole, incluidas amenazas personales de muerte, y de golpe institucional. Fue tan obvia la movida desestabilizadora que la comunidad internacional, EE.UU. y la UE preservó a Arévalo.

Después

El nuevo período democrático comenzó hace más de 222 días. En el Congreso los 23 legisladores de Semilla, sobre un total de 160, fueron sistemáticamente atacados a pesar de su política de alianzas con otros sectores progresistas. Mientras, el flamante Presidente, además de conducir un país devastado y con un Estado infectado por la corrupción, inició su enfrentamiento a brazo partido con el poder judicial y con la élite neocolonial política, empresarial, militar y mediática. Por caso, promovió una reforma legal para poder remover a Porras, y consecuentemente a Curruchiche, quienes no sólo persiguen al mandatario sino a otros fiscales, jueces y hasta periodistas como José Rubén Zamora, el exdirector de El Periódico (no precisamente alineado con la izquierda), quien fue juzgado por su investigación de un caso de soborno del expresidente Alejandro Giammattei, que gobernó hasta la asunción de Arévalo.

Incluso el líder de los congresistas de Semilla, Samuel Pérez, le presentó una querella y acusó: “Un grupo criminal hoy conduce la investigación penal en Guatemala”.

La reacción fue inmediata: por sexta vez en siete meses, el Fiscal pidió a la Corte Suprema el retiro de la inmunidad a Arévalo y que sea investigado por «supuesto abuso de autoridad». Argumentó, esta vez, tener un audio en el que el Presidente instruía a una excolaboradora, la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, a realizar unos pagos a empresas constructoras afines. Cualquier similitud con otras embestidas contra gobiernos o dirigentes democráticos (por caso, la prisión y la proscripción de Lula) no es pura casualidad.

Si la Corte accediera, el tema se remitirá al Congreso. Si la cuestión evoluciona podría costarle la Presidencia a Arévalo: no se trata de una mera especulación.

En el campo se suele decir: «Cómo será la cañada que el chancho la cruza al trote». Hasta la Unión Europea salió al cruce ante la movida judicial. Argumentó que forma «parte de un patrón más amplio y altamente preocupante de denuncias e investigaciones políticamente motivadas».  Sólo le faltó usar el término ‘lawfare’.

Queda clarísimo que César Bernardo Arévalo de León no es un hombre del sistema. Montevideano de nacimiento, porque su padre estaba exiliado por entonces (1958) en el Uruguay. Juan José Arévalo, además de doctorarse en Filosofía y Ciencias de la Educación en Universidad Nacional de La Plata (1934) y luego titular de la cátedra recién creada de Literatura en la Universidad Nacional de Tucumán, fue el primer presidente guatemalteco elegido de modo democrático (1945). Gobernó seis años y junto con su sucesor, Jacobo Arbenz, conformaron una «década ganada» de innegables avances económicos y sociales, en especial, para las clases trabajadoras.

Juan José Arévalo sufrió más de 30 intentos de golpe de Estado, avalados por los EE.UU., a los que siempre les resultó inconcebible no tener el estricto manejo de América Central. No le fue nada sencillo gobernar. Siete décadas después, tampoco a su hijo.

Tiempo Argentino