Por Juan Diego García
La ventaja del NO en el reciente plebiscito por la paz en Colombia no llega siquiera al 1%. En realidad, más que una victoria se trata de un empate técnico aunque desde una perspectiva jurídica esa pequeña diferencia no resta validez al resultado. Más allá sin embargo de las consideraciones formales el plebiscito pone de manifiesto todas las debilidades del sistema político colombiano y abre un proceso cuyos inciertos resultados si pueden eliminar todos los avances alcanzados entre el gobierno y la insurgencia de las FARC-EP.
Lo primero que sorprende a quienes no están familiarizados con la realidad colombiana es que la abstención alcance un porcentaje tan elevado del censo electoral, un 63%, que podría entenderse como indiferencia ciudadana ante un tema tan crucial. Pero la abstención es lo normal en Colombia. El sistema político funciona bajo esas condiciones y favorece a los partidos políticos del sistema que ven así reducidos los riesgos de la participación mayoritaria de una población que en tantos sentidos se encuentra desposeída de los derechos más elementales.
La información ha jugado un papel clave y dice bastante de lo primitivo del sistema político pues está lejos de satisfacer requisitos mínimos de veracidad y diversidad. Prácticamente todos los medios de comunicación están sometidos a monopolios que mienten, manipulan, desorientan y son especialistas en la generación de bulos y otras formas de envenenamiento que impiden formarse una opinión con cierta libertad. Durante décadas esos medios de comunicación (haciendo eco a la versión oficial) no han hecho otra cosa que difundir una imagen de los insurgentes pintada con los peores rasgos, echando sobre ellos toda la responsabilidad del conflicto y exonerando al Estado y a la clase dominante de toda culpa. El Estado y las fuerzas armadas con presentados como protectores de la población, como “héroes” que van al campo de batalla a defender a la población de las agresiones de unos guerrilleros facinerosos, comunistas, terroristas, narcotraficantes, violadores, secuestradores y bandidos de la peor naturaleza. No sorprende entonces que cuando el gobierno ha decidido finalmente aceptar la existencia del conflicto y buscar una salida pacífica ha encontrado la incomprensión y el rechazo de buena parte de sus propias bases sociales (esas mismas que en buena medida explican el NO al acuerdo de paz) que no entienden cómo sus autoridades pactan con tal horda de criminales. Solo en los meses recientes y precisamente para contrarrestar este rechazo, los medios han empezado a cambiar algo el mensaje, a dar ciertos espacios a la voz de la insurgencia y a justificar la política de paz, pero manteniendo suficiente propaganda negra, que lejos de ser trabajo propio parecen más bien transcripciones literales de los materiales de propaganda de los servicios de inteligencia del ejército.
El sistema político es ajeno a toda muestra de modernidad. Es un sistema primitivo, con grandes limitaciones técnicas, el uso de la violencia estatal o privada para asegurar los resultados, la compra masiva de votos, las “técnicas” tradicionales de recuento según las cuales “la gente vota de día y el sistema corrige de noche”, sobre todo en provincia. Es muy probable por ejemplo que los más de seis millones de campesinos desplazados a los principales centros urbanos ni siquiera aparezcan en los registros censales y en consecuencia no hayan podido votar. Es igualmente relevante el impacto que en el triunfo del NO han tenido los mensajes falsos u otros inspirados en la homofobia o expresiones de una religiosidad primitiva y profundamente reaccionaria, al menos en ciertos sectores (sobre todo populares). La ordinariez de tales prácticas incrementa la intolerancia como actitud, la falta de disposición al diálogo, la descalificación del diferente y son sin duda una clara expresión del fascismo criollo. En tales condiciones debería leerse como un gran avance que la mitad de quienes votan hayan optado por apoyar los acuerdos de paz, un porcentaje que sin duda incluye a la izquierda pero también a sectores nada desdeñables de partidarios del sistema. Era comprensible la posición de los insurgentes de no aceptar ese plebiscito como mecanismo de refrendación, algo en lo que coincidían con ellos algunas voces sensatas del mismo sistema. Pero Santos logró imponer ese mecanismo con los resultados conocidos.
El virtual empate abre ahora unas dinámicas muy complejas. Para muchos se debería avanzar hacia una suerte de conciliación entre los dos bandos buscando nuevas formulaciones. Eso al menos se deduce del discurso de Santos el mismo lunes luego de consultar a las FARC-EP y reunirse con partidarios y detractores del plebiscito. Pero más allá de los llamamientos a la concordia y las expresiones de buenas intenciones que incluye a los mismos partidarios del NO (“También queremos la paz, pero en otras condiciones”) la fuerza principal de los oponentes (Uribe Vélez) exige de hecho la revisión efectiva de los puntos centrales del acuerdo, o sea, la rendición de la guerrilla, la cárcel para su dirigentes y la prohibición de participar en política, la “protección” de la propiedad privada en el campo y, como consuelo, la amnistía para los guerrilleros rasos. O sea, prácticamente la misma propuesta que hizo imposible en el pasado que los insurgentes y las autoridades se sentaran a buscar una salida pacífica a la guerra.
Resulta bastante difícil que las FARC-EP pueden aceptar la revisión de los tratados. No menos complicado será que Uribe y los suyos renuncien a sus principales exigencias, o sea, defensa del latifundio, del actual sistema político y sometimiento de los guerrilleros a la justicia del sistema al tiempo que piden mantener la impunidad para los crímenes que son responsabilidad del Estado y de las diversas formas del paramilitarismo. Santos tiene entonces la dura tarea de buscar algún tipo de equilibrio entre las posiciones encontradas, pero puede optar igualmente por presentar a los insurgentes una propuesta consensuada con la derecha más dura (su propia clase y buena parte de sus mismas bases sociales) y arrinconar a las FARC-EP que no acepte tal salida, presentándolas como una fuerza hostil a cualquier concesión.
Aún es pronto para saber cuál puede ser el desenlace. Los insurgentes han declarado su voluntad de abandonar las armas y las calles y plazas de las principales ciudades del país se han sido colmadas por multitudes que exigen una salida pacífica. De la buena voluntad de los protagonistas y de la eficacia de los negociadores podría salir una solución al impasse. Eso parece que satisface a ese 50% que votó SI y a buena parte del 50% restante. Lo más relevante es entonces que solo unas minorías quieren continuar con el conflicto. Esa es sin duda la mayor victoria del SI.