Por Ramiro Bejarano Guzmán

No es extraño que el partido de Uribe haya escogido a Fernando Londoño Hoyos, el tristemente célebre Héroe de Invercolsa, como nuevo presidente del Centro Democrático. Aunque son tal para cual, les pesará, como le pesó al gobierno de la seguridad democrática, haberlo convertido en ministro del Sacar a Londoño de la emisora donde estaba denigrando de todo el mundo e incitando a la violencia y al odio es no solo una provocación sino un desafío a las buenas costumbres.

El principal mal de nuestro país es la corrupción, pero más la impunidad social, otrora más severa que la cárcel. En el caso de Londoño es imposible no recordar que sigue siendo protagonista del negociado de las acciones de propiedad de Ecopetrol en Invercolsa. Evidentemente un juez de la República encontró que en ese malhadado asunto Londoño violó la moralidad administrativa, detalle que a Uribe lo tiene sin cuidado. Lo cierto es que aún hoy, pasados 20 años de ese sórdido asunto, el Estado no ha recuperado las acciones y todavía hay en curso más pleitos.

Pero lo de Invercolsa parece ser lo de menos. Lodoño fue doblemente destituido por la Procuraduría e inhabilitado para ejercer cargos públicos por varios años. En la primera ocasión fue sancionado porque siendo ministro calumnió a un juez, a quien acusó falsamente de trabajar para el Cartel de Cali. Más tarde la Procuraduría tuvo que volver a sancionarlo por tráfico de influencias, porque estableció que, también desde su investidura de ministro, adelantó gestiones para que a una entidad italiana, excliente suyo, se le pagara una obligación que le había sido impuesta a la Nación en un fallo arbitral. En ambos casos la Procuraduría inhabilitó a Londoño para ejercer cargos públicos por más de 10 años, pero como el tiempo ha pasado ya una de las dos sanciones ha cesado o está por expirar; no así la otra que está demandada en el Consejo de Estado.

En los medios de comunicación ya se asegura que en el Consejo de Estado el magistrado que conduce el proceso con el que Londoño busca anular la sanción que aún lo inhabilita para ejercer cargos públicos, ha elaborado ponencia rehabilitándolo, escudado en el imposible e inmoral argumento de que como para el momento en el que realizó sus gestiones en favor de su exmandante ya habían pasado varios años, entonces no había falta disciplinaria ni razón para sancionarlo. Me resisto a creer que en el Consejo de Estado se abra camino esa tesis, que implicaría que un abogado que llegue a un cargo público podría abogar por sus expoderdantes, con tal que hayan pasado cierto número de años de haber terminado la relación profesional. Vaya manera de aquerenciar la distinguida clientela.

Nombrar a Londoño jefe de un partido, cuando hay pendiente de discusión un fallo en virtud del cual la jurisdicción contenciosa lo rehabilitaría políticamente antes de que cumpla las sanciones, es una velada presión al Consejo de Estado. Es retar a la justicia para ver si se atreve a negarle las pretensiones al todo poderoso director de un partido que está preparándose para volver al poder, a sangre y fuego.

En cualquier caso, es claro que el partido de Uribe, con la designación de Londoño, lo que pretende es continuar dividiendo a los colombianos. Recuérdese que cuando el Héroe de Invercolsa fue ministro, abusó de su cargo, al extremo de que cuando el Gobierno perdió el referendo, pretendió desconocer los resultados electorales forzando al Consejo Electoral para que depurara el censo excluyendo a los muertos, para por esa vía tan precaria alcanzar el umbral que no consiguieron en las urnas.

El uribismo ha hecho historia. Es la primera vez en el mundo que designan presidente de un partido político a alguien que está inhabilitado para ejercer funciones públicas. Definitivamente no hay muertos políticos; algunos, como en el caso del Héroe de Invercolsa, resucitan y asustan después de enterrados.

Adenda. ¿Que el embajador y exministro Juan Carlos Pinzón está aspirando a reemplazar a Germán Vargas Lleras? Lo que faltaba, un vicepresidente uribista pura sangre. Interior y de Justicia.

El Espectador, Bogotá.