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Recientemente la administración del desprestigiado alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, radicó ante el Concejo Distrital, el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, el cual debe ser revisado cada doce años. El que actualmente rige está vencido, y en consecuencia, es preciso revisarlo.

El POT de Bogotá constituye la hoja de ruta para las próximas tres administraciones distritales y contiene los objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo físico del territorio y la utilización o usos del suelo.

El proyecto elaborado por el gobierno distrital de Peñalosa es un compendio de políticas públicas y de normas destinadas a quienes solicitarán o expedirán licencias de construcción y urbanismo. Algunas disposiciones son de largo y otras de mediano y corto plazo; algunas sobre el espacio público y otras sobre el espacio destinado a edificarse; se refieren incluso a los arreglos institucionales necesarios para garantizar la ejecución del plan.

A pesar de sus más de 500 artículos, el proyecto de acuerdo POT no es todavía un marco completo de reglamentación urbanística. Para serlo, requerirá múltiples decretos reglamentarios, manuales, cartillas, planes maestros y categorizaciones, a expedir por múltiples entidades del Distrito.

La administración distrital ha considerado necesario escribir una versión completamente nueva en términos de ordenamiento territorial: desde la redefinición de la pauta de relacionamiento con los municipios vecinos, que pasó de evitar la conurbación de la ya macrocefálica Bogotá-Soacha a organizarla, formal y operativamente, con 6 municipios adicionales, hasta un cambio total de paradigma sobre las normas sobre edificación urbana, que en adelante serán objeto de variabilidad asociada al pago de cargas opcionales, pasando por la desaparición de las llamadas Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), sustituidas por zonas homogéneas.

De esta manera, el POT bajo la óptica del gobierno de Peñalosa por lo tanto, plantea un debate estructural, pues traza el modelo de desarrollo urbanístico que tendrá la ciudad-región, afectando de plano la vida económica, social y el espacio vital de los habitantes del altiplano de la sabana de Bogotá por la próxima década.

La responsabilidad del debate y de la aprobación de este Plan que será definitivo en cuanto al futuro urbanístico y ecológico de la capital recae en el Concejo Distrital que debe organizar, no obstante la actual coyuntura electoral, las condiciones y posibilidades para identificar rápidamente los consensos, estimular la discusión y dirimir los disensos.

Se aspira a que sea el Concejo el que adopte finalmente el POT, luego de una deliberación, amplia, participativa y responsable y no que sea expedido por decreto por una administración como la de Enrique Peñalosa que tiene un acento neoliberal, mercantilista que atenta contra la sostenibilidad social de la principal urbe colombiana.

Los temas del POT que separan al Consejo Territorial y al Distrito

El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), órgano consultivo fundamentado en la Ley 152 de 1994 y creado por el Acuerdo 12 de 1995 expedido por el Concejo de Bogotá, presentó concepto negativo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que elaboró la Administración Distrital.

Planeación Distrital respondió las críticas del CTPD sobre temas como metro, vivienda, participación y población.

Sobre la población

El CTPD sostiene que si el crecimiento de viviendas se mantuviera igual durante la vigencia del POT, para el 2031 Bogotá y su región tendrían un incremento cercano a las 720.000 viviendas. Señala que las tasas de crecimiento poblacional se están reduciendo, “por lo que sería un error pensar que el crecimiento de viviendas será igual al de los doce años anteriores”.

Planeación Distrital, por su parte, sostiene que al año se construyen 56.000 viviendas: entre 30.000 y 40.000 formales y 19.000 informales. Y dice que no se puede olvidar que esas necesidades no solo dependen del crecimiento poblacional, sino también de la migración, de la reducción del tamaño de los hogares, de la construcción vertical informal. Y aclara que el POT también busca frenar la expulsión de ciudadanos a la Sabana.

Expansión de la ciudad

EL CTPD asegura que “no es necesaria la expansión urbana hacia el norte, el occidente y el sur de la ciudad, estimada en las operaciones estratégicas, particularmente en Ciudad Río, Ciudad Tunjuelo, Lagos de Torca y Ciudad Usme”, pues señalan que “además, el proyecto del POT incorpora suelo rural al suelo de expansión, propuesta que es del todo innecesaria por las afectaciones socioambientales de la expansión urbana”.

Entre tanto, Planeación Distrital sostiene que es una “expansión hacia el norte de la ciudad, a través de proyectos como Lagos de Torca y Ciudad Norte, que obliga a que por lo menos el 40 por ciento del suelo sea destinado a viviendas de interés social y prioritario, con equipamientos, infraestructura de servicios públicos, transporte público masivo y con el doble del espacio público efectivo por habitante que existe hoy en la ciudad”.

Metro y cambio climático

El CTPD dice que, con relación al cambio climático y la gestión del riesgo, en el POT “no se incluyó ni se priorizó la construcción del metro subterráneo dentro de las medidas para la mitigación del cambio climático”. Sostiene que no tiene en cuenta el análisis de vulnerabilidad: “Es la segunda ciudad más vulnerable en términos de cambio climático en Colombia, siendo solo superada por San Andrés, y dos corregimientos en el departamento de Vaupés”.

Planeación Distrital explica que “el metro elevado como transporte masivo eléctrico es un aporte positivo en las medidas de mitigación de cambio climático y el POT prevé la segunda línea, 9 cables aéreos y hay todo un capítulo de cambio climático con medidas de mitigación y adaptación”. Y señala que “el modelo de ciudad debe crecer en renovación y en expansión densa, compacta y cercana, y dejar de expulsar gente a la Sabana, es otro gran aporte positivo”.

Participación ciudadana

El CTPD señala que “no hubo un proceso de participación incidente, democrático e incluyente en las diferentes fases de la Revisión General del POT”. En el concepto entregado señalan que “no se evidencia un proceso de convocatoria fuerte y masivo que facilitara la asistencia de la ciudadanía”, y, en ese sentido, explican que “más bien se identifica la necesidad de cumplir con el requisito de informar, a veces de manera tardía”.

Planeación Distrital reporta que se hicieron más de 100 sesiones, participaron más de 30.000 personas y llegaron cerca de 20.000 propuestas.

Entre estas, por ejemplo, está la eliminación del área de actividad múltiple en muchos de los barrios residenciales, solicitud similar a la que hizo la Universidad Nacional.

También informó que en cinco oportunidades invitaron al CTPD para presentar la ponencia del POT, pero no hubo respuesta.

De la legalidad del POT

El Consejo Territorial de Planeación Distrital afirma que hay “inconsistencias, discrepancias e incongruencias profundas entre lo propuesto por la Administración Distrital y lo establecido en la Constitución Política”. Y que se han expedido actos administrativos inherentes al cambio de uso de suelo de rural y de protección a suelo de expansión urbana (…) para permitir el desarrollo de proyectos territoriales estratégicos, estructurantes y de renovación urbana”.

Planeación Distrital responde que “se ha dado estricto cumplimiento al procedimiento establecido por la ley”. Destacan que “se han respetado las disposiciones contenidas en la Constitución Política, la ley, los decretos reglamentarios aplicables, las determinantes ambientales emitidas por las autoridades competentes y los fallos expedidos por los jueces de la República en lo correspondiente”, y que las decisiones “están dirigidas a la búsqueda del interés general”.