¿QUEQUÉ? /
Por fin la presencia del Estado colombiano parece materializarse en una zona rural azotada por el conflicto armado como lo es el municipio de Santa Ana, al sur del Magdalena, muy próximo a poblaciones como Magangué y Mompox.
Gracias a la organización campesina y al empeño de no cesar de tocar puertas de las agencias estatales, 285 familias de este municipio están esperanzadas en ser beneficiarias directas de la reforma agraria que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Amáis Pertuz Cabarcas, líder de esta comunidad rural, explica que a través de la Asociación de Víctimas con enfoque de etnia y género El Guineo (por el nombre del predio donde se constituyó en marzo de 2020), se han venido haciendo los respectivos trámites ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con miras a que se le titule a cada familia al menos 10 hectáreas para posibilitarle un proyecto de vida anclado a la contribución de manera efectiva a la producción agrícola y pecuaria en la región.
Todos los intentos que se hicieron en el pasado para que estas familias fueran compensadas de alguna forma por ser víctimas del conflicto armado que por años se tradujo entre otras arbitrariedades en despojo de tierras por grupos paramilitares al mando de alias ‘Chepe Barrera’, jefe de la zona, no tuvieron ningún efecto positivo. Ahora con la voluntad política expresada por el Gobierno Petro, sostiene Pertuz Cabarcas, hay fundadas esperanzas para que por fin el lema “la tierra para el que la trabaje” (consigna de la Revolución mexicana de 1910), sea una realidad en esta zona geográfica del departamento del Magdalena.
Avanza proceso
En reciente reunión con la Dirección Regional del Magdalena de la Agencia Nacional de Tierras se avanzó en el proceso de consecución del predio que posiblemente se adquiera para proceder a la distribución de las parcelas, señala el dirigente Pertuz Cabarcas.
Se trata de un predio de 1450 hectáreas que cubriría a 145 familias si se tiene en cuenta que en Colombia está determinada la unidad familiar agrícola en 10 hectáreas para la producción de alimentos y oscila entre 20 y 25 cuando es para ganadería.
Corresponde ahora al propietario de esa extensión agrícola hacer la propuesta económica ante la ANT y allegar la documentación pertinente para que se estudie la viabilidad de compra y se proceda, en caso afirmativo, a hacer la titulación.
Pertuz Cabarcas afirma que las familias de esta comunidad rural de Santa Ana están expectantes de la respuesta de la ANT para avanzar en una justa reivindicación a tanta marginalidad histórica del Estado y reactivar la economía agrícola de esta zona del sur del departamento del Magdalena a partir de contribuir a garantizar su soberanía alimentaria.
