Por Eduardo Sarmiento Palacio
La columna de agosto 13, titulada “Plebiscito por la paz”, presenta una seria advertencia sobre los posibles resultados. “Si bien los electores del No parecen tener una posición más arraigada y comprometida, el veredicto final de las urnas dependerá de la votación total. La abstención favorece al No, que en las encuestas fluctúa entre 20 y 30 % del censo electoral. El triunfo del Sí dependerá de la capacidad de movilizar la población”.
En la columna descrita advierto que en la semana anterior aparecieron tres encuestas que confirmaban que la percepción de los votantes no correspondía al contenido de los acuerdos conocidos hasta el momento. En las encuestas de Ipsos y Datexco ganaba el No y en la del Centro de Consultoría ganaba el Sí. En lugar de analizar las razones de las diferencias, el Gobierno afirmó que las encuestas inducían el voto y le solicitó al Consejo Electoral endurecer la regulación y la fiscalización. La respuesta de las firmas encuestadoras no se hizo esperar; en varios casos se procedió a modificar las metodologías y unificar los procedimientos. Por arte de magia las tres firmas, al igual que Gallup y Cifras & Conceptos, aparecieron en menos de un mes con cambios sustanciales y con una uniformidad inusual. En todas ellas se mostraba que la relación entre el Sí y el No sería de 2 a 1, e incluso de 3 a 1. Estas cifras se mantuvieron hasta el día de los comicios, tranquilizaron al Gobierno y anticipaban una paliza sin atenuantes.
El problema metodológico más serio de los plebiscitos del pasado y de otros países ha sido la diferencia entre la abstención reflejada en las encuestas y la observada en la realidad. Así, la participación electoral que aparecía de 65 % en las encuestas resultó de 36 % en las urnas, de suerte que la mitad de las personas que manifestaban la intención de voto no lo hicieron efectivo. La falencia sobreestimó la votación del Sí. Por eso, los votantes del No se mantuvieron dentro de la tendencia, en tanto que los del Sí se desplomaron el día de la elección.
Las repercusiones no podían ser más graves. La diferencia de 6 %, que aparece en las publicaciones de las encuestas, se convirtió en una catástrofe de más de 80 %. El acuerdo suscrito ante la comunidad internacional del 26 de septiembre quedó en el limbo. La sorpresa ha generado un ambiente de pesimismo e incertidumbre. Más aún, ha creado dudas en los círculos internacionales sobre la capacidad de la economía colombiana para enfrentar el estado crítico.
Nadie gana inculpando al mensajero que trae malas noticias. Las cosas serían muy distintas si se hubiera reconocido la alta probabilidad del No y la persistencia de sus protagonistas, y en este contexto, los esfuerzos de la campaña del Sí se hubieran dedicado menos a convencer a los votantes del No en las grandes ciudades y más a buscar nuevos votantes en las zonas alejadas, en particular en las del conflicto. Por simple aritmética, con una participación electoral del 36 %, no era posible obtener el triunfo contundente sobre el No.
Los hechos se han encargado de demostrar que el plebiscito constituía un riesgo innecesario. El Gobierno disponía de amplias facultades para impulsar los acuerdos dentro del marco de la Constitución. Ahora, le tocará concertar con el grupo del No que tiene severas discrepancias sobre los aspectos centrales de lo aprobado.
Por fortuna se cuenta con un documento que fue sometido a los electores, que de ninguna manera es un producto terminado y cuya implementación no está definida. Lo indicado es que los representantes del No chuleen los puntos de acuerdo, concreten los aspectos de desacuerdo e ilustren la forma de cómo los modificarían. La peor opción es reiniciar el diálogo para llegar a un nuevo acuerdo, que seguramente no sería muy distinto del actual.
El Espectador, Bogotá
