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El debate público en Colombia, sobre todo, en la actual coyuntura político-electoral exige altura democrática y sólida argumentación.
Dos episodios grotescos recientes protagonizados por el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella han desatado cuestionamientos en medio de la campaña electoral colombiana. En el primero, ocurrido durante una entrevista en el programa Piso 8, el aspirante hizo comentarios de connotación sexual dirigidos a la periodista Laura Rodríguez mientras le mostraba una fotografía en su celular.
En el segundo, durante una entrevista en Noticias Caracol, calificó de “ignorante” a la periodista María Lucía Fernández en respuesta a una pregunta sobre una afirmación pasada relacionada con la ética y el derecho.
Tras la difusión del episodio ocurrido en Piso 8, De la Espriella publicó un mensaje en su cuenta de X en el que ofreció disculpas a Rodríguez y sostuvo que su intervención se había dado en un contexto humorístico, sin intención de ofender. La periodista, por su parte, manifestó públicamente que no interpretó lo sucedido como un comentario aislado o desafortunado, sino como un irrespeto a su trabajo y a su dignidad profesional.
Las declaraciones del estrafalario candidato de tesitura fascista que denotan misoginia, ramplonería y total falta de respeto con la opinión pública generaron reacciones de dirigentes y campañas de distintas orillas políticas, que han cuestionado el inaceptable tono utilizado por De la Espriella y pidieron elevar el nivel del debate público.
Varias de esas voces expresaron solidaridad con las periodistas y señalaron que las preguntas incómodas forman parte del ejercicio legítimo del periodismo durante una contienda electoral. La controversia también tuvo amplia repercusión en redes sociales y en espacios de análisis político.
Más allá de las posiciones partidistas, el episodio volvió a poner en el centro de la conversación pública el trato que reciben los periodistas en campaña, el manejo de las preguntas críticas y el tono del debate democrático en un periodo electoral de alta sensibilidad para el país. En ese contexto, la controversia se convirtió en un nuevo punto de discusión sobre los límites del discurso político, la responsabilidad de los candidatos en escenarios mediáticos y las condiciones de respeto en la deliberación pública.
En toda democracia, las campañas electorales deberían elevar la conversación pública y ofrecer a la ciudadanía razones, ideas y propuestas para deliberar con libertad. Sin embargo, cuando el intercambio político se degrada hasta convertirse en un espectáculo de descalificaciones, agresividad verbal y vulgaridad, se empobrece no solo el debate entre candidatos, sino también la calidad misma de la vida democrática. Colombia atraviesa un momento decisivo en el que el tono y la responsabilidad del discurso público importan tanto como los programas de gobierno.
En ese contexto, el periodismo cumple una función esencial: interrogar al poder, contrastar afirmaciones, exigir precisión y formular preguntas incómodas cuando sea necesario. Esa labor no constituye una provocación indebida, sino una condición básica del control democrático.
Desacreditar a periodistas por el simple hecho de preguntar, o responderles con hostilidad, sarcasmo humillante o insinuaciones impropias, representa un deterioro preocupante de los estándares mínimos de respeto que deberían regir la conversación pública.
La situación es aún más delicada cuando ese tono agresivo o condescendiente recae sobre mujeres periodistas o ciudadanas. El uso de comentarios de doble sentido, expresiones sexualizadas, fórmulas paternalistas o alusiones a atributos corporales no es anecdótico ni irrelevante: reproduce una cultura patriarcal en la que la autoridad masculina pretende afirmarse mediante la humillación, la superioridad verbal o la reducción de las mujeres a objetos de burla, deseo o desprecio. Ese tipo de lenguaje no solo resulta impropio de un liderazgo público; también transmite un mensaje excluyente sobre quién puede hablar, interpelar o ejercer autoridad en el espacio democrático.
En una democracia madura, el liderazgo no puede medirse por la estridencia, la intimidación ni la exhibición de una supuesta virilidad como prueba de mando. Gobernar no es imponerse por bravuconería ni convertir la fuerza verbal en credencial política.
Por el contrario, la autoridad democrática se sostiene en la mesura, la capacidad de responder con argumentos, el respeto por la diferencia y la aptitud para tramitar el desacuerdo sin degradar a quienes preguntan, critican o contradicen. Cuando el lenguaje público se llena de procacidad, lo que se erosiona es la confianza colectiva en la política como espacio racional de deliberación.
Normalizar la ramplonería en campaña tiene consecuencias profundas. Se trivializan los problemas del país, se desplaza el centro de la discusión desde las soluciones hacia la provocación, y se acostumbra a la opinión pública a confundir autenticidad con grosería, firmeza con humillación y carisma con abuso verbal. El resultado es una conversación política más pobre, más ruidosa y menos capaz de convocar a la ciudadanía alrededor de debates de fondo.
Allí donde debería haber argumentos sobre seguridad, justicia, economía, salud o educación, terminan imponiéndose escenas de agresión simbólica que empobrecen el juicio ciudadano.
Por eso, más que escandalizarse pasajeramente ante cada exceso verbal, el país necesita reafirmar un principio elemental: la contienda electoral no puede convertirse en licencia para el irrespeto, el sexismo ni la degradación del adversario o del periodismo.
La democracia exige firmeza, sí, pero una firmeza compatible con la dignidad humana, la libertad de prensa y la igualdad. Defender un debate decente no es pedir corrección superficial; es exigir que quienes aspiran a conducir el Estado demuestren, también en sus palabras y sus formas, que están a la altura ética de la responsabilidad que buscan asumir.
