EDITORIAL DIARIO RED /

El escándalo Pegasus evidencia el rol de la prensa corporativa en el sostenimiento de una política estatal históricamente violatoria de los derechos humanos en Colombia.

Las relaciones militares entre Colombia e Israel datan de la década del 60. Pero con el boom del tráfico de drogas, desde los años 80 la presencia militar de Israel en el país se expandió a los círculos del narcotráfico y del paramilitarismo, bajo la mirada atenta de las Fuerzas Armadas de Colombia.

El exparamilitar colombiano Diego Viáfara confesó en 1989 ante la justicia que este fenómeno nació en la región del Magdalena Medio con el auspicio de ganaderos, militares y políticos del bipartidismo liberal-conservador. La estrategia, según Viáfara, habría sido financiada por el Cartel de Medellín. Este testimonio indica que en 1985 llegaron [al país] los primeros mercenarios —exmilitares— del Reino Unido e Israel, para entrenar a los escuadrones de la muerte que se nuclearon en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La tecnología israelí se usó para desactivar a la oposición y perseguir a las organizaciones sociales. El exmilitar israelí Yair Klein reconoció que en 1989 brindó cursos en “autodefensa” a organizaciones irregulares del Magdalena Medio. Su nombre también está asociado al genocidio contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP).

Con tan solo 18 años, el máximo líder de las AUC, Carlos Castaño, fue enviado a Tel Aviv por su hermano Fidel, un reconocido narcotraficante, para recibir entrenamiento militar. Años más tarde, en su autobiografía titulada ‘Mi Confesión’, Carlos Castaño afirmó su devoción por Israel: “Cuando hablo de Israel nadie me detiene, soy un estudioso de la historia del pueblo israelita y la conozco tan bien como la de Colombia. (…) El invento de la ley del retorno es de una imaginación sutilmente perversa, pero plena de dignidad. ¿Y cómo le parece su FDI [Fuerzas de Defensa de Israel]? Para quitarse el sombrero. Se funden con su nación en un mismo cuerpo. ¡Maravilloso!”.

La prensa al servicio del terror

El informe ‘¡Basta Ya!’ del 2013 documentó que las AUC asesinaron a 20 mil personas, aunque las organizaciones de víctimas estiman que la cifra pudo triplicarse. Pese al proyecto mortífero de la ultraderecha colombiana encarnado en las AUC, líderes como Carlos Castaño se ufanaban de contar con el respaldo de los grandes medios de comunicación. El periodista Alfredo Serrano, quien documentó los testimonios de alias ‘Monoleche’, capataz de la finca de Castaño, aseguró al Tercer Canal que una reconocida periodista de RCN Televisión mantuvo encuentros “profundos” con el líder paramilitar: “Esa fue la versión que me dieron esos muchachos en dos ocasiones, durante las visitas de Claudia Gurisatti a Carlos Castaño cuando se encontraba en prisión. De esto puede dar fe la periodista Vicky Dávila”, agregó Alfredo Serrano. Gurisatti ha sido fuertemente criticada por elevar la exposición pública del genocida, desaparecido en 2004.

En los años de los gobiernos bajo mando directo e indirecto de Álvaro Uribe Vélez (2002-2018) esta línea editorial fue clave. Los dos medios de comunicación más importantes de la pantalla chica, RCN y Caracol, no solo encubrieron las relaciones entre el empresariado, el Estado y el paramilitarismo, sino que construyeron un escenario de deshumanización y revictimizaciones contra la oposición y las organizaciones sociales. Uno de los escándalos mejor resguardados contra el uribismo fueron los mal llamados “falsos positivos”. El modus operandi era sencillo: el Ejército asesinaba ciudadanos y los disfrazaba como guerrilleros para hacerlos pasar como bajas en combate. En el 2021, Astrid Sanabria, esposa de Eiber Isidro Mendoza, quien fue asesinado en marzo de 2008 por el Ejército, inquirió a «los medios nacionales que fueron tan rápidos para dar una desinformación y señalarnos de guerrilleros o extorsionistas”.

Hasta el 2015 sólo tres empresarios, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lülle y Alejandro Santo Domingo Dávila, controlaban el 57 % de la televisión, radio e internet. Ese oligopolio no solo sedimentaba el discurso guerrerista de la derecha colombiana, sino que además articulaba con ese leviatán, incomprensible sin las redes del narcotráfico y el terrorismo de Estado.

En marzo de este año, el periodista del medio Israelí Haaretz, Gur Meggio, reveló la compra ilegal del software espía Pegasus en 2021 por el entonces presidente uribista Iván Duque. Desde septiembre el actual mandatario, Gustavo Petro, ha denunciado la articulación criminal que permitió a Duque adquirir el software con el lavado de 11 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Presuntamente Duque usó el software para reprimir el Paro Nacional del 2021 en el que fueron desaparecidos más de 400 jóvenes; también habría filtrado información de la oposición a los medios de comunicación portavoces de la derecha.

En 2022, durante la campaña presidencial, la Revista Semana dirigida por Vicky Dávila expuso una serie de videos conocidos como los “petrovideos” que, presuntamente, provenían de las computadoras y celulares de la militancia del Pacto Histórico, actual coalición de gobierno. La denuncia fue recibida en octubre por la Fiscalía General de la Nación.

La Procuraduría se interpone en la investigación

En los últimos días la Revista Semana a la cabeza de Dávila ha desatado un golpe de opinión contra la Fiscalía con el aval de la procuradora uribista Margarita Cabello, quien formó parte del gabinete ministerial de Duque hasta el 2021. Cabello, además de no declararse impedida en el proceso por su cercanía con Duque, designó un agente especial para “proteger el derecho a la libertad de prensa” de Dávila.

Por si fuera poco, Diego Bernal, funcionario del Ministerio Público, denunció que la Procuradora guarda una estrecha relación con el exdirector de la Policía del Gobierno Duque, Norberto Mujica, quien “ha ingresado a la Procuraduría en al menos cuatro ocasiones este año para prestar asesoría, pagada a través de un organismo internacional”.

Cabello es el último bastión del uribismo al interior de los órganos de control. Desde su cargo investiga y persigue al petrismo, pero calla ante las 1.500 cintas que revelan la relación entre el narcotraficante Ñeñe Hernández y la elección de Iván Duque.

Este proceso expone al poder real en Colombia. La disputa por el dominio de los órganos de control del Estado alerta sobre los secretos bien guardados de las élites gobernantes y sobre la partidización ultraderechista de los medios, responsables también de la crisis humanitaria que azota al país. El escándalo Pegasus solo confirma los tentáculos que constituyen ese poder real, empezando por la gran autonomía de las Fuerzas Militares, sus relaciones con el mercenario internacional y la prensa, y el beneficio que les aporta el narcotráfico para eliminar las opciones democráticas con violencia y desinformación sistemáticas.

La investigación de la Fiscalía indica que el entronque mediático y judicial se quebró con el cambio de gobierno. Vicky Dávila podría ir a la cárcel de comprobarse el uso de Pegasus como herramienta ilegal de espionaje y su instrumentalización en el golpe blando contra la administración de Gustavo Petro. De ser así, la mayor portavoz de la ultraderecha colombiana quedaría fuera de la disputa electoral del 2026.

Pegasus, más preguntas que respuestas