POR ESTEBAN CRUZ RODRÍGUEZ*

Esta semana, en las Comisiones Primeras conjuntas del Congreso de la República, se discutió el proyecto de ley que establece la Jurisdicción Agraria. Este proyecto, fundamental para el campo colombiano, logró un amplio consenso entre diversos sectores, incluyendo las Altas Cortes y algunos miembros de la oposición. Sin embargo, los debates evidenciaron tanto avances significativos como retos pendientes. En esta columna, analizamos dos aspectos centrales: los acuerdos sobre los procesos agrarios especiales y la exclusión de actos mercantiles del ámbito de esta jurisdicción.

Avance: procesos agrarios especiales y la ANT

Uno de los puntos más relevantes del debate fue el tratamiento de los procesos agrarios especiales tramitados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En la ponencia inicial, se establecía que los actos administrativos relacionados con clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos y otros procesos serían resueltos exclusivamente por la ANT, con una posterior revisión automática por los tribunales agrarios en casos de oposición. Sin embargo, durante el debate, se fortaleció este punto al incluir que, cuando exista oposición, dichos procesos pasarán directamente a una instancia judicial.

Esta modificación representa un consenso interesante y un punto de equilibrio válido entre la necesidad de celeridad administrativa y el respeto al acceso a la justicia. Este mecanismo se asemeja al contenido de un proyecto de ley en trámite que busca otorgar facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras (URT). La experiencia de la Ley 1448 de 2011, que regula la restitución de tierras despojadas, muestra la necesidad de este tipo de ajustes: aunque la URT ha recibido 159.861 solicitudes hasta octubre de 2024, solo el 42% de los casos judicializados han sido fallados, con un promedio de duración de más de dos años por proceso. Este retraso afecta principalmente a las víctimas de despojo, muchas de ellas mayores de 60 años, para quienes el tiempo es un factor crítico.

La inclusión de este mecanismo de revisión judicial directa en casos de oposición en los procesos de la ANT refuerza el acceso efectivo a la justicia y garantiza que los derechos de los campesinos y comunidades rurales sean protegidos de manera oportuna. Este modelo de articulación entre las etapas administrativa y judicial ofrece una alternativa más equilibrada frente a las dinámicas de mora judicial observadas en los procesos de restitución.

El retroceso: exclusión de actos mercantiles

Por otro lado, uno de los puntos más cuestionables de la ponencia es la exclusión de actos mercantiles del ámbito de la jurisdicción agraria, según lo establecido en el artículo 7. Esta decisión desconoce la realidad del campo colombiano, donde las actividades agropecuarias y mercantiles están profundamente interconectadas. Las cooperativas y asociaciones campesinas son prueba de esta relación. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, entre 2015 y 2021, el número de organizaciones asociativas agropecuarias casi se duplicó, alcanzando 6.033. Estas organizaciones no solo promueven la producción y comercialización agrícola, sino que también generan empleos y fortalecen la economía rural, beneficiando directa o indirectamente a más del 38% de la población nacional.

Las cooperativas rurales, que agrupan a más de 109.000 asociados y generan más de 16.700 empleos directos, son actores esenciales para el desarrollo social y económico en zonas rurales. Excluir los actos mercantiles del ámbito de la jurisdicción agraria limita su capacidad para abordar conflictos que afectan directamente a estas organizaciones y a los pequeños productores, perpetuando barreras de acceso a la justicia para el campesinado y desconociendo el papel estratégico de las asociaciones en la economía del campo.

Conclusión: un balance necesario

El debate en Comisiones conjuntas del proyecto de Jurisdicción Agraria marcó un avance significativo hacia la consolidación de un sistema de justicia especializado para el campo colombiano. El acuerdo logrado sobre los procesos agrarios especiales de la ANT, con la inclusión de la instancia judicial en casos de oposición, es un ejemplo de un consenso que equilibra celeridad administrativa y garantía de derechos, sirviendo como un modelo para otros sectores como la restitución de tierras. Sin embargo, la exclusión de actos mercantiles del ámbito de esta jurisdicción sigue siendo un retroceso que afecta a miles de campesinos organizados en cooperativas y asociaciones.

El desafío ahora es consolidar una jurisdicción agraria que sea eficiente, garantista e inclusiva, capaz de responder a las complejas dinámicas del campo colombiano y de garantizar el acceso pleno a la justicia para sus comunidades. Los acuerdos alcanzados son un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer para que el campo sea protagonista de un sistema jurídico que impulse su desarrollo y bienestar.

*Abogado, asesor legislativo.