POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ /
Hay un fantasma, muy vivo, que recorre las cocinas de las casas, los discursos de los gobernantes, los bolsillos de los comerciantes e industriales y de la ciudadanía, que no se puede tapar con un dedo: la violencia.
La violencia que es mejor ponerle una s, es decir las violencias que son estructurales, simbólicas, físicas, segregadoras, silenciadoras, asimétricas, explotadoras y hasta excluyentes. Una de las fuentes y que la multiplica es la extorsión.
Genera escozor, sólo escuchar esa palabra, o como la llamen: aporte voluntario, captación de dinero, distribución de utilidades, pago por seguridad, etc, en últimas si es a través de una organización armada ilegal, se constituye en, no solo una suplantación del estado sino también un favorecimiento a las economías ilegales, a la justicia y fuerza autocompositiva. Remember, la única autoridad legítima, con monopolio de las armas y del ejercicio de la fuerza para garantizar la seguridad humana, es el Estado. En el marco del imperio de la ley, en un país democrático, hay libertades para generar riqueza, para construir empresas sostenibles, para el trabajo decente.
En Santa Marta con los altos índices de crímenes de alto impacto, que llevaron a que la ciudad de nuevo esté entre las 50 ciudades más violentas del mundo, además en el marco de la conmemoración de sus 500 años y más, se parte de una coyuntura propicia para que pudiera haber una movilización social contra la extorsión y demás violencias para someter a la población y a un territorio.
No es posible que la ciudad más antigua de Colombia esté tomada a gran escala, por las economías subterráneas, por las identidades criminales, y que haya un silencio total y no un rechazo generalizado, o más bien expresado con libertad.
La gente tiene miedo, los empresarios, los emprendedores, los cuenta propistas, los de auto empleo, el ciudadano de a pie, pues temen decirlo. Así de sencillo y así de grave.
Pero, este es el momento, la institucionalidad, la gente decente, los gremios, las organizaciones, la academia, las autoridades indígenas y líderes afros, las mujeres, los jóvenes, los intelectuales y pensadores, los líderes sociales y políticos al rodear el ejercicio de una construcción de confianza de cara a la instalación de un proceso de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones, podrían, en red, avanzar en generar consciencia y debate, como ciudadanías libres y autónomas, de que es imperativo fortalecer la participación social para exigir el cumplimiento de los mandatos ciudadanos, de los derechos y garantías establecidos en la Constitución política y las leyes.
En ese sentido, organizarse, movilizarse, pronunciarse, desde sus diversos espacios, como sujetos de derechos y ciudadanos incidentes exigiendo: no más violencia, no más extorsión, no más control ilegal, no más amenazas, no más gota a gota y agiotismo, no más homicidios, no más raponeo, no más corrupción, no más miedo, hace parte de ejercer la ciudadanía plena y poder gozar de sus derechos, en una democracia. La ciudadanía es la potencia de paz.
También como actores políticos participativos, esta red de respaldo a las iniciativas de paz que se ha estado formando, puede pedirle al Estado, en sus distintos niveles y competencias nacionales, regionales y locales, más presencia, garantizando seguridad humana e instituciones incluyentes, construyendo paz, convivencia y reconciliación, generando igualdad de oportunidades y de condiciones de bienestar y desarrollo humano sostenible, y contribuyendo a la construcción colectiva de un nuevo relato de nación que nos una, así nos duela.
Organizarse y movilizarse es una de las formas de resistencia civil pacífica y compromiso ciudadano. Reclamar la inversión social aplazada por décadas de desidia y prioridades excluyentes; que se cumpla con la palabra empeñada, con proteger a los más débiles y también a los que generan riqueza; demandar que se se refuerce el combate a la delincuencia, judicializando a los criminales y se ataque de manera contundente, a quienes no reflejen su voluntad de paz con justicia social y ambiental, es también un ejercicio de participación social que hacen irreversibles los cambios necesarios para la convivencia y la Paz territorial.
La sociedad civil es un actor clave para controlar que, con hechos concretos, verificables y medibles, se refleje la voluntad de paz. El llamado es a la ciudadanía en su conjunto, a las instituciones, a las fuerzas vivas, a los empresarios, a las etnias, a los campesinos a que se pronuncien. Hay que vencer al miedo para que sea viral que se puede volver a creer en que es posible una región Caribe en paz con justicia social y ambiental. En nuestro contexto una Sierra Nevada de Santa Marta corazón del mundo, corazón de la Paz.
Opinión Caribe, Santa Marta.
