CON INFORMACIÓN DE RTVC NOTICIAS /

Límites de la cobertura mediática de la salud de figuras públicas. Lo que hace el portal de la empresaria y operadora política de la ultraderecha, Juanita León, suscitando dudas sobre la situación de salud del candidato Iván Cepeda “es fascismo”, sostiene la filósofa e investigadora social Luciana Cadahia.

La operación del portal de derecha ‘La Silla Vacía’, dirigido por la empresaria y operadora política Juanita León, al jugar con la idea de la proximidad de una supuesta muerte del candidato presidencial Iván Cepeda Castro trayendo a colación la enfermedad que superó y vinculando el hecho de manera capciosa al reciente fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, “es un ejercicio sádico. Lo que hace La Silla Vacía tiene un nombre: fascismo», sostuvo la filósofa argentina y catedrática universitaria Luciana Cadahia en RTVC Noticias.

El debate sobre hasta dónde puede llegar un medio de comunicación al tratar la salud de una figura pública exige distinguir con cuidado entre el interés público, el derecho a informar, la privacidad personal y la responsabilidad ética del periodismo. En el caso reciente de la cobertura sobre la salud del aspirante presidencial Iván Cepeda, es manifiesta la opacidad del portal de ultraderecha ‘La Silla Vacía’ que publicó un artículo con el titular “Cepeda dijo que su estado de salud era ‘verificable’. Hasta ahora no lo es”, para tratar de sembrar confusión e incertidumbre en la opinión pública. Ello hace parte de la denominada ‘Operación Júpiter’, de la cual el portal ‘La Silla Vacía’ es su artículador, cuyo propósito es el de busca generar una opinión adversa respecto del progresismo, la campaña presidencial del Pacto Histórico y el Gobierno del presidente Gustavo Petro con el expreso objetivo de favorecer políticamente al uribismo y su candidata, la ultraderechista Paloma Valencia.

También es público que el tema ha sido amplificado por otros medios y plataformas web en el contexto de la campaña presidencial. A partir de ese hecho, se abre una discusión más amplia sobre los marcos deontológicos, políticos y sociológicos de la comunicación cuando la enfermedad deja de ser tratada como información y pasa a convertirse en un recurso de disputa simbólica.

Durante la campaña presidencial, la salud de Iván Cepeda volvió a ser objeto de controversia mediática. Distintas publicaciones han recordado que el dirigente enfrentó tratamientos oncológicos desde 2018 y que en 2026 afirmó que su candidatura se sostenía sobre la base de controles médicos estrictos y “verificables”. Sobre ese punto, La Silla Vacía sostuvo que, tras solicitar información a la campaña y no recibir documentación o certificaciones médicas públicas, no había podido verificar esa afirmación. Paralelamente, otros medios registraron que Cepeda había denunciado rumores y versiones falsas sobre una eventual renuncia a la campaña por motivos de salud.

En ese clima de manipulación, algunas voces han interpretado la insistencia periodística sobre la enfermedad como una operación de presión o de desgaste político. Entre esas reacciones, la filósofa argentina Luciana Cadahia una crítica severa al tratamiento mediático del caso, señaló que la manera de presentar el tema por parte del portal de la operadora política de la derecha, Juanita León, constituye una forma de violencia simbólica orientada a intervenir en los estados de ánimo colectivos y en el curso de la contienda electoral.

Desde una perspectiva deontológica, el periodismo tiene la obligación de verificar, contextualizar y evitar el daño innecesario. La salud de un dirigente puede adquirir relevancia pública cuando compromete de manera demostrable el ejercicio de un cargo o cuando el propio candidato la convierte en un argumento de confianza pública. Sin embargo, ese interés público no autoriza a convertir la enfermedad en un espectáculo, en una insinuación permanente o en un mecanismo de intimidación emocional. El límite ético aparece cuando la cobertura deja de buscar claridad informativa y empieza a producir sospecha sin evidencia suficiente, amplificando el sufrimiento, el miedo o la vulnerabilidad de una persona para obtener rendimiento político o tráfico mediático.

La deontología periodística exige, además, una proporcionalidad estricta: si no existen pruebas concluyentes de ocultamiento, incapacidad o engaño, el tratamiento del tema debe ser prudente, preciso y no sensacionalista. Cuando el lenguaje periodístico sugiere más de lo que puede demostrar, se rompe el equilibrio entre el derecho a informar y el deber de no dañar.

Políticamente, la disputa por la salud de un candidato no es un asunto neutro. En contextos de alta pugnacidad social, la enfermedad puede convertirse en un dispositivo para instalar incertidumbre sobre la gobernabilidad, la fortaleza o la viabilidad electoral de una candidatura.

La insinuación reiterada sobre el cuerpo enfermo produce una metáfora política: si el cuerpo del candidato aparece como frágil, su proyecto puede ser presentado como inestable o transitorio. Por eso, la comunicación sobre salud en campaña no solo describe un estado clínico, sino que organiza percepciones sobre autoridad, continuidad y poder. Cuando esa lógica se intensifica, la cobertura puede operar como una forma de disciplinamiento: se desplaza el debate programático y se reemplaza por una narrativa sobre supuestas incapacidades, opacidades o riesgos.

En ese escenario, aun una pregunta legítima puede ser instrumentalizada si se formula de manera selectiva, insistente o descontextualizada para erosionar una candidatura determinada.

Pedagogía del miedo

Desde el punto de vista sociológico, este tipo de cobertura revela una transformación más profunda del ecosistema mediático: la conversión de la intimidad corporal en mercancía de atención. La enfermedad deja de ser solo una experiencia personal o clínica y pasa a ser un signo social administrado por medios, redes y adversarios. Ese proceso produce una pedagogía del miedo: enseña a las audiencias a leer la política a través de síntomas, rumores y sospechas más que por medio de argumentos, propuestas o trayectorias.

También refuerza una cultura de la crueldad, en la que la vulnerabilidad ajena se vuelve materia prima para la circulación de emociones fuertes. Cuando la esfera pública se acostumbra a ese tratamiento, se normaliza la idea de que el dolor o la convalecencia son recursos legítimos para disputar poder.

En lugar de fortalecer una ciudadanía informada, se fomenta una ciudadanía afectivamente capturada, más inclinada a reaccionar que a deliberar.

Un medio de comunicación puede y debe formular preguntas sobre asuntos de relevancia pública, pero no puede perder de vista que la salud de una persona está atravesada por la dignidad, la intimidad y la vulnerabilidad. El límite está en no transformar la enfermedad en una herramienta de estigmatización, sospecha o manipulación emocional.

Si la cobertura periodística privilegia la insinuación sobre la prueba, la espectacularización sobre la prudencia y la rentabilidad política sobre la responsabilidad pública, deja de cumplir una función democrática y empieza a degradar la conversación colectiva.

Más allá de este caso concreto, la discusión de fondo consiste en defender una ética de la comunicación que no convierta el dolor humano en una tecnología de poder.