POR OCTAVIO QUINTERO
A los magistrados del Consejo de Estado (CE), al parecer, nadie los puede criticar, porque suben el grito al cielo, reclamando su “autonomía e independencia judicial”. Es error craso creer que la autonomía e independencia sirva para hacer lo que a uno le dé la gana. Además, creer que, porque se es magistrado, siempre tiene la razón constitucional, como dice el CE, es pedantería.
Una simple mirada a la sentencia que tumbó el decreto del Gobierno nacional para regular las tarifas de los servicios públicos muestra que el magistrado del CE, Roberto Serrato, malinterpretó (¿adrede?) el artículo 370 constitucional que reza: “Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios… Dentro de las ‘políticas generales’ es de lógica que se comprendan las tarifas. Pues, no: el CE consideró que “la regulación tarifaria solo le compete al Congreso”.
En este caso, el CE ni fue honorable, ni integral ni eficaz. y cuando el presidente Gustavo Petro señala eso, no es él, el que está poniendo en entredicho “la independencia judicial”, sino el propio Consejo de Estado con esa errada decisión.
Vale la pena aclarar por qué no fue honorable, ni integral ni eficaz:
1) Honorable, es la persona o norma digna de ser acatada. 2) Integral, si es contraria a la norma constitucional, no puede ser integral. 3) Eficaz, socialmente tiene a la gente, caso costa Caribe, sacándose ‘el bocado de la boca’ para poder pagar la luz.
El presidente Petro lleva dos años luchando contra esa injusticia social, contra los propios parlamentarios caribeños (liberales, conservadores y los radicales de Vargas Lleras), y contra el Consejo de Estado, para que ahora venga a regañarlo. Los pájaros tirándoles a las escopetas.
