Por Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador

Por primera vez en la historia, hay  suficiente riqueza en el mundo para que todas las personas puedan salir de la pobreza. Sin embargo, cientos de millones de personas en todo el mundo todavía se van a dormir con hambre, no por falta de recursos, sino debido a la enorme desigualdad causada por perversos sistemas económicos.

La mitad de la riqueza del mundo está hoy en manos de los más ricos, el 1 por ciento. Escandalosamente, sólo 62 individuos poseen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, cuya participación en el reparto de los recursos mundiales, además, disminuyó drásticamente en los últimos años.

El acelerado crecimiento de una red mundial de paraísos fiscales es una de las principales causas de esta desigualdad, permitiendo que algunas de las personas más ricas no paguen, o paguen menos impuestos de lo que deberían. La opacidad que caracteriza a los paraísos fiscales hace que sea difícil obtener cifras precisas, aunque una de las estimaciones más bajas sugiere que, aproximadamente, $ 7.6 billones de dólares se encuentran escondidos en paraísos fiscales.

La evasión sistemática de impuestos por parte de individuos ricos y empresas priva a los gobiernos de los países ricos de muy importantes recursos fiscales que requerirían  para invertir en servicios públicos. El Departamento del Tesoro de los  Estados Unidos pierde $ 100 mil millones al año debido a la evasión de grandes corporaciones.

Pero si el dinero desviado perjudica a los países ricos, los efectos son aún más perjudiciales para las naciones en desarrollo, que necesitan urgentemente esos recursos para asegurar las necesidades básicas de su población; por tanto, la evasión de impuestos es una cuestión apremiante derechos humanos.

Las revelaciones de los Papeles de Panamá sacaron a la luz  esta tremenda operación de evasión de impuestos. Los líderes mundiales deben aprovechar este un momento fundamental para marcar el principio del fin de los paraísos fiscales. Pero eso sólo sucederá si los gobiernos se niegan a permitir que la situación actual se mantenga. Es por ello que el Ecuador ha decidido actuar ahora.

Estamos tomando la valiente decisión de realizar una consulta popular a nivel nacional para decidir si se permitirá o no a los políticos electos y funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales. Si nuestra propuesta, conocida como “Pacto Ético,” es aprobada por el electorado, todos los servidores públicos tendrán un año a partir de la consulta popular para traer sus capitales de vuelta al país o serán destituidos. En todo el mundo, los candidatos públicos tienen que cumplir con los criterios mínimos para ser elegibles. En Ecuador, no tener su riqueza en paraísos fiscales se convertiría en uno de tales requisitos.

El secreto fiscal fomenta la corrupción y beneficia a quienes se dedican a otras actividades ilegales, desde el tráfico de drogas hasta el tráfico de personas. La democracia y el contrato social también se ven socavados cuando una pequeña élite mundial se enriquece a costa de la mayoría, evitando las normas tributarias que todo el mundo tiene que acatar. Tenemos que acabar con este capital sin rostro, que funciona sin ética ni responsabilidad.

Los gobiernos tienen que dar el ejemplo para poner fin a estas prácticas abusivas. Pero esto es mucho menos probable si los propios políticos están evitando deliberadamente pagar sus impuestos, atentado así contra el país que profesan servir.

La consulta popular en Ecuador es consecuencia de nuestros amplios esfuerzos para transformar el sistema tributario de nuestro país y frenar la evasión de impuestos. Como resultado, los ingresos fiscales se triplicaron durante el período 2007-2014. Mientras que el 92 por ciento de este incremento se debe a una mayor transparencia y eficiencia en la recaudación de impuestos, sólo el 8 por ciento se debe a un aumento de la presión fiscal. Esto ha proporcionado recursos muy importantes para nuestras políticas de reducción de la pobreza y la desigualdad, reconocidas a nivel mundial.

Sin embargo, se estima que los activos ocultos que se encuentran en paraísos fiscales ascienden a un tercio del PIB  ecuatoriano. Solo en los últimos dos años, esta fuga de capitales se estima en 3 mil millones de dólares, casi la misma cantidad necesaria para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto que sufrimos en abril.

Este problema no sólo afecta a Ecuador, es sistemático. En toda América Latina, 340 millones de dólares de impuestos devengados se evaden anualmente en afectando la probabilidad de reducir la pobreza y la desigualdad en la que sigue siendo la región más desigual del mundo, a pesar de los enormes progresos realizados en la última década. Imaginemos el estímulo que este ingreso supondría para nuestras economías y los empleos que se podrían crear, imaginemos cómo podríamos fortalecer los programas de inversión pública en educación, ciencia y tecnología, en energías limpias o en la infraestructura de transporte. Esto sería posible si estas riquezas se invirtieran en nuestro país, en vez de ocultarse en el extranjero. Oxfam calcula que 32 millones de personas en América Latina saldrían de la pobreza si estos impuestos se pagaran íntegramente  en la región, en lugar de estar escondidos en paraísos fiscales.

Ningún país puede afrontar por sí solo esta compleja y secreta conspiración financiera. Se necesita una acción global coordinada e integral. Las acciones encaminadas a lograr una mayor transparencia sobre el origen de los dineros depositados en las empresas ficticias pueden ser parte de la solución, pero modestos esfuerzos en lograr una mayor transparencia no son suficientes. Tenemos que acabar por completo con los paraísos fiscales.

Es por eso que decidí unirme a cientos de otros economistas para firmar una carta abierta de Oxfam donde se pide el fin de la era de los paraísos fiscales. Es por eso que estamos trabajando  junto a organizaciones sociales muy importantes que han estado en la vanguardia de esta lucha, con el fin de concientizar al mundo sobre este tema tan crucial. Y es por eso que en la Asamblea General de la ONU, Ecuador ha planteado la creación de un organismo de la ONU que permita poner fin a este escándalo.

Esto no será una lucha fácil. Ya evidenciamos mucha resistencia. El boicot que realizaron algunos países ricos a la agenda de justicia tributaria durante la Conferencia de Desarrollo sobre Finanzas de las Naciones Unidas, celebrada el año pasado en Addis Abeba, fue un claro recordatorio de la oposición y de los argumentos vergonzosos vamos a enfrentar en la lucha por esta causa.

Desde entonces, el clamor para articular acciones concretas ha crecido. Ahora es el momento de construir un histórico pacto ético para alcanzar la justicia fiscal para el mundo.

The Huffington Post.