febrero 14, 2025 8:47 am
Matrimonio infantil en Colombia: una forma de violencia estructural invisible que debe ser retirada del ordenamiento legal

Matrimonio infantil en Colombia: una forma de violencia estructural invisible que debe ser retirada del ordenamiento legal

POR ESTEBAN CRUZ RODRÍGUEZ*

El caso de Sofía Delgado, una niña de 12 años brutalmente asesinada en Candelaria, Valle del Cauca, expone una de las realidades más dolorosas y persistentes de nuestro país: la violencia que afecta a las niñas y adolescentes. Aunque el caso de Sofía es extremo, refleja un fenómeno estructural en Colombia, donde la violencia hacia las niñas toma formas cotidianas, algunas invisibles, pero igualmente devastadoras, como el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, más de 340.000 niñas y adolescentes han estado alguna vez casadas o unidas en nuestro país. Esta cifra no es solo un dato estadístico; detrás de ella hay vidas truncadas y futuros robados que demandan una respuesta urgente.

Las estadísticas son alarmantes y revelan un contexto de vulnerabilidad para las niñas involucradas en uniones tempranas. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2015, el 30,4 % de las parejas de mujeres adolescentes tienen una diferencia de edad de 3 a 5 años, y el 26,4 % de 6 a 9 años. Esta disparidad de edad agrava la asimetría de poder en estas relaciones, donde las adolescentes se encuentran en una posición de clara desventaja frente a sus parejas. Esta situación no solo limita su autonomía, sino que aumenta su exposición a la violencia. De hecho, la ENDS señala que el 68,1 % de las adolescentes que alguna vez estuvieron casadas o unidas han sufrido violencia psicológica, la cual incluye intimidación, humillación y control de sus decisiones y acciones.

El proyecto de ley que busca eliminar el matrimonio infantil en Colombia está a punto de su último debate en el Senado. Su objetivo es claro: prohibir que menores de 18 años puedan casarse o estar en uniones maritales de hecho, un mensaje necesario para proteger los derechos de los menores. Sin embargo, detrás de esta prohibición se presentan retos que, si no se manejan adecuadamente, podrían exponer aún más a estas niñas y adolescentes a nuevas vulnerabilidades. Para que la reforma sea realmente efectiva, se plantean varios mecanismos: primero, la responsabilidad civil, que introduce la presunción de mala fe cuando un adulto induce a un menor a casarse, permitiendo una demanda por daños y perjuicios; segundo, la preservación del patrimonio de la menor, que asegura que sus bienes no formen parte del haber conyugal, evitando que el adulto se beneficie de su patrimonio; además, el proyecto prioriza el restablecimiento de derechos de las menores para reparar el daño sufrido; y, finalmente, introduce limitaciones en la legitimación activa para la disolución de la unión, evitando que el adulto manipule el proceso a su favor.

Sin una implementación rigurosa de estas disposiciones, los abusadores podrían seguir encontrando formas de explotar el sistema. El matrimonio infantil no es solo una cuestión legal; prohibirlo es necesario, pero insuficiente si no se abordan las realidades sociales, económicas y culturales que perpetúan esta práctica. En muchas comunidades rurales, estas uniones tempranas son vistas como una forma de protección o de subsistencia. La ley incluye el programa Proyectos de vida digna, una estrategia para sensibilizar y empoderar a las niñas, pero para ser efectivo debe estar respaldado por políticas públicas que transformen las condiciones de vida de estas jóvenes y sus familias.

Este proyecto de ley es un paso fundamental, pero necesita ser parte de un esfuerzo integral. La prohibición es solo el primer paso; se requieren programas de educación, apoyo económico y acceso a la justicia para las niñas en uniones tempranas. Sin un sistema de monitoreo y evaluación, la reforma corre el riesgo de ser solo un avance superficial que, en lugar de proteger a las niñas, podría dejarlas más desprotegidas. Con el próximo encuentro ministerial sobre violencia infantil en noviembre, Colombia tiene una oportunidad única para mostrar al mundo su compromiso real y tangible en la defensa de los derechos de sus niñas y adolescentes.

*Abogado, asesor legislativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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