EDITORIAL TSC /

Cursa en el Senado de la República un proyecto de ley que enhorabuena apunta a garantizar el libre derecho al desarrollo de la personalidad en cuanto a la orientación sexual de los individuos, tema que aún se considera tabú en amplios sectores de la sociedad.

En efecto, se trata de la iniciativa que prohíbe los denominados Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género (ECOSIEG), como se conocen estas terapias en la legislación de otros países, los cuales están considerados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como “crueles, inhumanas y degradantes” por cuanto “entrañan un riesgo considerable de tortura”.

En Colombia, una de cada cinco personas perteneciente a la población LGBTIQ+ así como una de cada tres personas trans ha sido sometida a algún tipo de trato deshumanizante para que “se le quite lo gay”. Y la tasa aumenta al hablar de personas que han intentado quitarse la vida luego de ser sometidas a estas prácticas de cambio de orientación sexual.

De ahí la importancia de la aprobación de este proyecto de ley que en la Comisión Primera del Senado donde se va a dar este martes 11 de junio segundo debate, tiene a la congresista del Pacto Histórico, Clara López Obregón, a una de sus promotoras, por considerar que es una causa en defensa de la garantía de los derechos humanos.

“Nada que curar”, es el claro mensaje con el que organizaciones sociales que respaldan esta iniciativa legal buscan crear conciencia sobre la necesidad de prohibir las “terapias de conversión” que están dirigidas a cambiar la identidad u orientación sexual de las personas en Colombia.

Estas prácticas por corregir y/o reprimir la orientación sexual e identidad y expresión de género mediante la tortura y el rechazo social se practican en el país en centros y comunidades religiosas.

Quienes han mostrado a las ECOSIEG como una forma legítima para ‘tratar’ a personas que no tienen ninguna enfermedad ni condición distinta a las y los demás desconocen sus derechos fundamentales, reconocidos y protegidos por múltiples sentencias de la Corte Constitucional.

Un culto, cualquiera que sea, no puede actuar en contravía de la Constitución y las leyes. Por ello, el proyecto que cursa en el Senado no atenta contra la libertad de cultos, sino que pone límite a prácticas que son discriminatorias con un sector importante de la población. No se compadece con el principio del pluralismo consignado en la Constitución de 1991.

No sólo es muy peligroso practicar las ECOSIEG, sino que muestra la profunda intolerancia con que la sociedad todavía aborda la orientación sexual, algo que es por completo natural y no debe ser entendido ni como una ‘enfermedad’ ni como una ‘discapacidad’.

La visión con la que ha sido construido el referido proyecto de ley se enmarca en el respeto al pluralismo y la diversidad, valores constitucionales reconocidos plenamente.

Sectores que se han manifestado en contra de la iniciativa, lamentablemente, desinforman sobre el objeto de la misma y sustentan su posición a través de mentiras. Entre los infundios más comunes destacan: el proyecto atenta contra la libertad de cultos porque impone la “ideología de género” a toda la población. Al respecto, no hay ningún artículo que sostenga esta afirmación en la iniciativa.

Otra de las mentiras es que los profesionales de la salud que hagan algún esfuerzo por ‘corregir’ la orientación sexual de un paciente pueden ir a la cárcel.  Ningún profesional de la salud puede practicar terapia alguna que atente contra los derechos humanos.

También se señala de manera falsa que a los padres y madres que remitan a sus hijos e hijas con profesionales que practiquen estas terapias pueden ir a la cárcel.

Es necesario sincerar el debate y no desinformar sobre un tema sensible de respeto a los derechos humanos. Hoy Colombia con este proyecto tiene la oportunidad de dar un paso más hacia su humanización.

Ojalá la Comisión Primera del Senado apruebe esta iniciativa de ley que prohíbe dichas prácticas y siga su trámite a la plenaria de esta corporación legislativa, porque en materia de garantizar la diversidad sexual no hay ¡“Nada que curar”!