Mesa Social Minero-energético y Ambiental por la Paz
El pasado 25 de agosto nació esta iniciativa, por participación popular, transformaciones políticas y económicas, hacia una transición energética y la construcción del buen vivir y la paz, desde los territorios.
Vivimos tiempos de toda expoliación de la naturaleza, transformada en una mercancía más. Ante el afán de empresas multinacionales –y otras nacionales– por acumular más ganancias, ni quienes habitan el territorio ni el medio ambiente son importantes ni merecen protección. Las decisiones de las comunidades frente a sus entornos son irrespetadas, y quienes se oponen al afán de lucro privado o público son objeto de señalamientos, persecución y muerte. Los más de 50 líderes sociales, hombres y mujeres, defensores del territorio asesinados en el curso de los últimos dos años1, así lo atestiguan.
Imponer y no dialogar, acumular y no vivir, irrespetar y no atender la voz de quienes padecen los efectos inmediatos de toda intervención industrial y económica, es la razón que explica la multiplicación de conflictos en diversidad de territorios. Como sucede hoy en Caquetá, Meta, Putumayo donde las comunidades se oponen a la extracción petrolera, o en la Guajira, Cesar, Santander, Tolima y Antioquia, que enfrentan la imposición de proyectos mineros, o Huila, Santander y Antioquia, departamentos donde se emplazaron El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango, grandes proyectos hidroeléctricos.
Arrasamiento empresarial que encuentra resistencia en muchos territorios, síntesis de una esperanza de cambio que deben materializarse en algún momento. De así ser, nuevas formas de organización de la sociedad se harán realidad, y con ellas mayores niveles de igualdad, justicia y dignidad, expresión de otra democracia posible. De su mano, tomarán forma reivindicaciones como soberanía sobre los bienes de la naturaleza, defensa del patrimonio hídricos, derecho a la energía, defensa de la naturaleza, defensa de los derechos humanos y la paz, como premisas fundamentales para un buen vivir.
Ante esta realidad, son necesarias iniciativas que busquen articular las resistencias en curso, así como superar este tipo de conflictividad social, política y económica. A ello responde la constitución de la Mesa social minero–energética y ambiental por la paz (Msmea), instalada en Bogotá el pasado 25 de agosto, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, justo cuando se conmemoraban los 65 años de la creación de Ecopetrol, como empresa Estatal.
Por coincidencia, este acto de lanzamiento público, fue un día después del anuncio del gobierno y las Farc, en el marco de los diálogos de la paz de La Habana, de la terminación de la negociación política del conflicto social y armado más antiguo del continente. Esta circunstancia nos alegró, porque coincide también con nuestro propósito de aportar a la construcción de paz.
La actual Mesa social tiene como antecedente la Segunda Asamblea nacional por la paz, realizada en 2015 y organizada por la Unión Sindical Obrera (USO), Ministerio del Trabajo, y la Universidad Nacional de Colombia. El evento contó con la participación de diversos sectores de la sociedad afectados directa o indirectamente por la política minero-energética que se aplica en el país.
La Mesa social minero energética y ambiental por la paz –Msmea
En momentos en que el país se esfuerza por superar el conflicto armado interno, es necesario realizar transformaciones estructurales en el modelo económico, la estructura institucional y el régimen político-social. Todo ello para construir una verdadera democracia. Sin estos cambios, el anhelo de paz con justicia social y ambiental quedaría incompleto.
Una tensión social que no parece tener solución. Las políticas minero energéticas siguen relacionadas con la explotación de la naturaleza, ahondando las históricas relaciones de poder que niegan a las mayorías, y materializan una estrategia neoliberal de despojo en donde la esfera de lo público pasa a manos de las trasnacionales e incluso lo estatal prosigue por una fase privatizadora.
No es casual, por tanto, los privilegios impositivos y de otro orden a la inversión extranjera directa, los que están generando en los territorios una lógica de devastación del medio ambiente, enferman y empobrecen a las y los trabajadores colombianos, ignoran derechos fundamentales de las comunidades y destruyen su tejido sociocultural.
Propósito
La Mesa tiene como objetivo propiciar y potenciar la organización de los sectores sociales para la construcción deliberativa y participada de una política pública de Estado y un nuevo modelo minero energético alternativo, que garantice los derechos de los trabajadores/as, el buen vivir de las comunidades, respetuoso de los derechos de la naturaleza humana y no humana y que viabilice la soberanía energética. Lo anterior hace parte de la construcción hacía una verdadera paz integral, con justicia social y ambiental.
A su vez, la Mesa busca constituirse como un sujeto social y político para la movilización y la presentación de propuestas alternativas, que deberá permitir avanzar en una correlación de fuerzas para los futuros escenarios de interlocución y negociación, promover y consolidar la participación del conjunto de la sociedad en la construcción de la paz completa, integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental. Todo deberá pasar por colocar los bienes naturales al servicio de los planes de vida y el buen vivir de las comunidades, participar activa y propositivamente en los diversos escenarios de solución política integral al conflicto armado interno y da un Sí a la refrendación de los acuerdos. Igualmente es necesario incorporar otros temas: Los acuerdos de la Cumbre Agraria étnica y popular de la pasada Minga y su acta No. 10 de acuerdos con el Gobierno en materia mineroenergética, las salvedades y/o pendientes de la Mesa de La Habana referidos a lo minero energético, los puntos sobre la participación de la sociedad y los puntos sobre la participación de la sociedad y las transformaciones contenidas en la agenda acordada entre el gobierno nacional y el Eln.
Por último, la Mesa busca ser un espacio colectivo, soberano, pluralista y democrático, tanto en su composición como en los propósitos que la animan.
Territorios con energía construyendo paz para la nación Segunda Asamblea nacional por la paz
A mediados de la década de los noventa del siglo XX la USO propuso, en la negociación de su Convención Colectiva, que Ecopetrol se comprometiera con el respeto de los derechos humanos de sus trabajadores y de las comunidades que habitan las zonas petroleras, apoyar la búsqueda para la solución política del conflicto social y armado, entre otras cosas. De ahí surge el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-Pdpmm, así como la Comisión de Derechos Humanos de la USO y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). De allí también nace, en agosto de 1996, la Primera Asamblea Nacional por la Paz*.
El esfuerzo de la USO por aportar a la construcción de la paz no cesa. En la discusión de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 propuso realizar la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. En el año 2014, con el punto acordado entre sindicato y empresa, se establece una comisión bilateral para avanzar en la preparación de la asamblea, definir contenidos y metodologías (USO et al, 2016: 9). Finalmente, la Segunda Asamblea se realiza en 2015, con el auspicio de Ecopetrol, la cual se limitó a la financiación, pero sin jugar un papel protagónico y jalonar al empresariado. Participaron como convocantes: la USO, el gobierno nacional –en cabeza del Ministerio del Trabajo–, y la Universidad Nacional de Colombia.
Durante 8 meses fueron realizadas múltiples asambleas en regiones y subregiones, a las que asistieron aproximadamente 10.800 pobladores de 1.800 organizaciones, quienes debatieron y compartieron en torno a tres ejes temáticos: Política minero energética; desarrollo territorial para la Paz, y Pedagogía para la paz y pos acuerdos.
Además, la asamblea posibilitó que las comunidades debatieran sus problemas territoriales y aspiraciones. Por ejemplo, sobre la forma como la extracción de bienes naturales y minero-energéticos debe estar orientada a contribuir al buen vivir y a la exclusión de zonas mineras y de petróleo para garantizar el agua, la soberanía de los pueblos, alimentaria, hídrica, energética, entre otros derechos y garantías. Y se enfatizó en el rechazo a privilegiar los intereses de las trasnacionales.
Terminadas las asambleas locales y regionales, se realizó la Asamblea Nacional –18-20 de noviembre de 2015– en la ciudad de Bogotá, que contó con la presencia de 1.500 delegados de todo el territorio nacional. La conclusión fue la necesidad de constituir una Mesa social minero energética y ambiental –que ahora estamos constituyendo– con los retos y objetivos ya planteados.
Digamos, ¡Basta ya¡
A este modelo minero-energético, extractivista, de despojo y destructor de la vida.
Que para el capital sea más importante una tonelada de carbón que la vida de un niño o niña wayúu.
Que para el gobierno y las multinacionales petroleras o mineras les sea indiferente dejar cientos de trabajadores lisiados de por vida por los accidentes de trabajo precarizado.
Que para una empresa minera sea más importante unos cuantos kilos de oro, a costa de la muerte de un rio y su biodiversidad.
Que para los dueños de las represas, les sea más importante los gigawatios de electricidad para la exportación que la vida del campesino y la producción de alimentos.
Que a las empresas eléctricas privadas solo les importe las utilidades y no reconozcan el derecho a la energía de la población.
Que la concentración del agua y de la energía, en pocas manos, generen la miseria de nuestros pueblos.
Que la renta minero-energética no represente bienestar para la nación.
(Apartes del Llamamiento de la Mesa social minero-energética y ambiental por la paz)
Ideas para la construcción de las propuestas
Presentamos un resumen de algunas de las propuestas que la Mesa ha venido construyendo son:
– Iniciar una transición energética hacia energías alternativas como la solar, fotovoltaica, la eólica, geotérmica, la térmica, la mareomotriz y otras que tienen más bajos impactos ambientales. Estas energías deben ser descentralizadas, autónomas y de fácil acceso para las comunidades. La transición exige un cambio de perspectiva sobre el uso, consumo, producción, distribución, comercialización de la energía y de cada una de las fuentes energéticas. En últimas, entendemos la necesidad de replantear nuestras relaciones con la naturaleza, y considerar el planeta como un ser vivo, generador de bienes para la vida y no de recursos para enriquecer el capital.
– El Estado debe recuperar el control, la fiscalización y dirección de la política minero-energética, a través del fortalecimiento de lo público. Y hacer énfasis en la búsqueda para que las empresas sean 100 por ciento estatales y se reviertan los procesos de privatización de los bienes estratégicos de la nación. De esta manera, el Estado debe liderar la investigación e innovación en ciencia y tecnología hacia la transición energética buscando el desarrollo de energías alternativas.
– Identificar las afectaciones del sector minero energético producidas en el cuerpo humano, al reconocer los problemas de salud causados en los trabajadores y las trabajadoras del sector, las comunidades del área de influencia, los afectados y las afectadas por los proyectos minero-energéticos y la naturaleza.
– Reconocer el agua y la energía como un bien común y público, determinante en la producción y soberanía alimentaria. La gestión del agua debe estar en manos del estado y las comunidades organizadas a través de los acueductos comunitarios, determinando sus usos de acuerdo a las necesidades humanas y de los ecosistemas. Demandar el reconocimiento de la autonomía territorial y la participación de las comunidades locales en la definición de proyectos minero – energéticos, como lo reconoce la constitución, el convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Constitucional.
– Desmontar los batallones minero-energéticos, ya que en la actualidad una tercera parte del ejército está al servicio exclusivo de la protección del sector extractivista.
Responsabilidad colectiva
Desde la Mesa social minero-energética y ambiental llamamos a la sociedad colombiana, a todas sus organizaciones sociales, para participar, ampliar y profundizar un gran Dialogo Nacional minero-energético y ambiental.
Es un momento para pensarnos como naturaleza, defensores de nuestra soberanía, cultores del agua, generadores de riqueza y de la vida, como lo hacen los miles de hombres y mujeres indígenas, afro descendientes, campesinas y trabajadoras que habitan estos territorios, y para construir con propuestas la paz que tanto anhela nuestro pueblo y que tanto necesita nuestro país.
Informes:
Mesa Social Minero-energética y Ambiental
