EDITORIAL TSC /

Desde que el portal de periodismo alternativo Revista Raya denunció a mediados del presente año que durante el Gobierno de Iván Duque se adquirió el software espía Pegasus de manera ilegal y que a través de este dispositivo informático al menos habrían sido intervenidas 6000 mil líneas telefónicas (aunque el número puede ser mayor), a lo cual el presidente Gustavo Petro no solo ha confirmado esta grave acusación sino que ha aportado pruebas, de manera paulatina  salen a relucir más evidencias que ponen de manifiesto la degradación en que ha caído la derecha colombiana.

Pegasus constituye un nuevo capítulo de las ‘chuzadas’ y de la versión de Estado mafioso que el país presenció durante el cuestionado Gobierno de Álvaro Uribe y aunque el acervo probatorio cada día es más sólido por las evidencias que van apareciendo, los responsables de este delito encabezados por el expresidente Duque han salido a negar sustentando que todo es un montaje y una fábula con la clara intención de afectar al entorno del uribato.

Lo cierto del caso es que Pegasus va tomando visos de ser uno de los escándalos más grandes y graves del complejo mundo de la política colombiana. No se trata de dañar la honra de unos exfuncionarios (como sostiene el uribismo) comprometidos seriamente en la comisión de una actividad ilícita como es el de realizar seguimientos ilegales sino que la sociedad colombiana se encuentra ante la disyuntiva de enfrentar el modelo mafioso que ha perdurado por décadas convirtiendo al Estado en un aparato criminal, o se pierde cualquier posibilidad de un futuro democrático.

Ese es el pulso en el que se encuentra el país: posibilitar construcción de democracia o retorno al crimen como política de Estado.

Este nuevo escándalo relacionado además con lavado de activos y recursos de la mafia pone de manifiesto el hecho de la decadencia moral de un sector político que ha hecho del crimen su modus operandi para mantener de manera fraudulenta espacios de poder.

De acuerdo con las evidencias, el Gobierno de Duque adquirió esta herramienta de espionaje a un proveedor israelí en noviembre de 2021 justo después de que en Colombia tuvieran lugar dos estallidos sociales brutalmente reprimidos, en noviembre de 2019 y entre los meses de mayo, junio y julio de 2021.

Según la investigación, los vuelos para transportar el dinero con que se pagó el programa informático se realizaron el 26 de junio y el 18 de septiembre de 2021. Viajaron Ron Gonen, director de seguridad global de NSO Group; Moshé Zahar y Yehuda Lahab, director de negocios de la misma empresa. Ambas aeronaves fueron recibidas en los hangares de la Policía Nacional. En cada uno de esos viajes se habrían llevado US$11 millones en efectivo, como recientemente lo confirmó la fiscal Luz Adriana Camargo.

Para ejecutar esta operación hubo contubernio entre el Gobierno de Duque y el entonces fiscal Francisco Barbosa, quienes a través del documento Conpes 4073 trataron de limpiar la ilegal operación de compra.

Está por esclarecerse si se utilizó Pegasus para infiltrar la campaña del entonces aspirante presidencial Gustavo Petro, cuya cantidad de videos realizados fueron divulgados de manera ilegal por la publicación ahora de propiedad del Grupo Gilisnki, convertida en lanzafuegos de la derecha y cuya directora es candidata en ciernes.

Dentro de este contexto, la prensa corporativa colombiana que hace parte del engranaje de la derecha hará todo lo que esté a su alcance para encubrir, tapar y opacar el ‘affaire’ Pegasus, una práctica no sólo cada vez más recurrente sino descarada, habida cuenta que su propósito es seguir manteniendo a como dé lugar los privilegios y sus intereses concupiscentes.

La gravedad de los hechos de esta práctica mafiosa está sobre la mesa. La utilización de Pegasus en contra de ciudadanos y de organizaciones políticas y sociales es una clara violación a la Constitución y a la seguridad nacional. Afortunadamente, avanzan las investigaciones que ojalá permitan desterrar las prácticas criminales de la política y del Estado para posibilitar, por fin, la construcción de unos mínimos democráticos en Colombia.