EDITORIAL TSC /
En reciente comentario en su red social de X, la periodista Cecilia Orozco Tascón, pregunta si ¿la Corte Constitucional está interviniendo en política? El interrogante lo formula por cuanto crece cada vez más el consenso según el cual algunos de los magistrados de ese alto tribunal asumen posturas políticas para favorecer determinados intereses que, en últimas, se traslucen en sentencias que tienen efecto en grado superlativo en la dirección del Estado. Si esa sospecha se confirma, ateniéndose a los alcances de algunos de los fallos contra medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, constituiría “una de las más graves señales de que el sistema democrático tambalea en Colombia”.
Ese trino de la periodista Orozco retumbó hace algunos días en la red social X, con centenares de respuestas, casi todas asintiendo, acotando ejemplos, no solo de la politización de la Corte Constitucional, sino de los demás altos tribunales. Si a eso se le agrega el rol de la Fiscalía durante la cuestionada gestión de su anterior titular, Francisco Barbosa y la Procuraduría de la caracterizada uribista Margarita Cabello, el país estaría en grave riesgo de echar por la borda su institucionalidad y caer en el escenario de una república bananera, como ha ocurrido con Ecuador, luego del gobierno progresista de Rafael Correa (2007-2017).
En Colombia es recurrente que se denuncie graves casos de corrupción tanto en la justicia como en la política y sea alarmante el grado de impunidad, según diversas investigaciones, en la rama judicial. Ya lo decía hace más de 30 años el dirigente conservador inmolado Álvaro Gómez Hurtado: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”.
La politización de los tribunales de justicia y de los órganos de control en el sentido de favorecer intereses individuales y/o corporativos es un cáncer para la institucionalidad colombiana que atenta contra el Estado Social de Derecho y la posibilidad de construir democracia en un país caracterizado por brechas de desigualdad social e indignidad.
Si la administración de justicia se revienta, todo el sistema vuela en pedazos y no habría una razón suficiente para no convocar una Constituyente, exigiendo de manera urgente una reforma aséptica al sistema judicial.
Reflexiones referidas a la cooptación de la institucionalidad del Estado por mafias asociadas al narcotráfico dominan los comentarios del trino mencionado. Eso evidencia que el statu quo, es decir la llamada “gente bien”, está habituada a la corrupción, que es el volante de inercia que marca la dirección a la inestabilidad y descomposición de una sociedad lo que obviamente haría que el débil sistema democrático tambaleé.
