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Con la participación de líderes y lideresas de 16 territorios de la geografía colombiana afectados de manera rigurosa por el conflicto colombiano, se realizó en el Senado de la República el pasado jueves 11 de julio, la Audiencia Pública Mínimos Humanitarios y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia, a instancias de la congresista del Pacto Histórico, Clara López Obregón y la Fundación Vivamos Humanos que lidera el expresidente Ernesto Samper Pizano.
Tras cinco horas de deliberación en la que expresaron sus inquietudes, problemáticas y reclamos 50 voceros de las regiones, así como altos funcionarios del Gobierno nacional, representantes de los órganos de control y agencias de organismos internacionales, se pudo constatar la crítica situación de derechos humanos que se vive en el país y se escucharon propuestas para tratar de solventar esta crisis humanitaria, comenzando por acoger los mínimos humanitarios en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Según el informe dado a conocer por la Coordinadora Humanitaria creada precisamente para hacerle un seguimiento al fenómeno de la violencia en Colombia, en el primer semestre de 2024 se registraron 605 eventos violentos y 328 violaciones al cese al fuego.
Esta Audiencia Pública presidida por la senadora López Obregón logró visibilizar y abordar las preocupantes cifras de eventos violentos, mostrar la situación humanitaria en Colombia, sustentada en reportes de organizaciones como Codhes y el Cinep, cuyos voceros participaron de este evento, y promover acciones concretas para garantizar los derechos humanos y los mínimos humanitarios.
Intervenciones en el acto instalación de la Audiencia
Este ejercicio de visibilización de la realidad humanitaria en Colombia fue instalado tanto por la senadora Clara López como por el expresidente Ernesto Samper, quienes hicieron hincapié en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan de manera efectiva amilanar los efectos del conflicto mientras se logra eliminar sus causas y terminar con el mismo.
Se trata, como recordó la congresista López Obregón, durante su intervención, de avanzar en el acatamiento de unas mínimas reglas para respetar a las comunidades en aquellos territorios azotados por el conflicto entre actores armados, como cuando en noviembre de 1820, en la población venezolana de Santa Ana en el Estado de Trujillo, se efectuó una entrevista entre el Libertador Simón Bolívar y el general español Pablo Morillo, durante la cual se suscribieron los Tratados de Armisticios y Regularización de la Guerra, acordando el cese por un breve período de las hostilidades, humanizando la lucha con la aplicación del derecho de la guerra, mejorar el trato y considerar a los prisioneros para un canje, antecedente histórico de lo que posteriormente se conocerá con la denominación de Derecho Internacional Humanitario (DIH) que busca mitigar los rigores de un conflicto.
No es posible, dijo la senadora del Pacto Histórico, que en las poblaciones, especialmente del área rural, atravesados por la presencia de actores armados, se haya perdido la autonomía de las comunidades y de sus líderes, así como es inconcebible, añadió, el reclutamiento forzado de menores y de mujeres, cuyo cuerpo no puede ser territorio de guerra.
Por ello, la congresista López Obregón considero que la actual situación humanitaria de Colombia amerita relanzar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para darle nuevo impulso y recoger las tratativas que el Estado ha realizados con las comunidades para mejorar las condiciones socioeconómicas de los territorios.
Por una cultura de paz
Por su parte, el expresidente Ernesto Samper llamó la atención sobre la necesidad de generar una cultura de paz en Colombia. En ese sentido dijo que su fundación Vivamos Humanos ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para desarrollar acciones al respecto.
Destacó la extensión del plazo de los Acuerdos de La Habana que anunció el presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas el pasado jueves 12 de julio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, así como la predisposición que han manifestado las denominadas Autodefensas Gaitanistas de participar en un proceso de paz.
“Aún nos hace falta trabajar por la paz y la verdad en Colombia. Antiguos líderes de grupos armados deberían ser acogidos en la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz”, agregó Samper.
Reparación del tejido social en los territorios
Hubo coincidencia por parte de las diversas voces del Estado en la necesidad de reparar el tejido social en los territorios.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señalo que el desescalamiento de las violencias debe ir acompañado de transformaciones territoriales mediante pactos por la vida y la paz de la mano de la gente.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, hizo énfasis en la necesidad de acomodar la institucionalidad estatal al proceso de paz. Anunció la puesta en marcha del programa “Entornos seguros” consistente en acciones de política preventiva de violencia en los territorios para garantizar la vida en las comunidades y el cumplimiento de DIH.
Clausuró la Audiencia Pública, la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Lilia Solano, quien señaló que el Gobierno nacional está comprometido con la ejecución de programas que logren materializar transformaciones socioeconómicas en los territorios con la participación activa de las respectivas comunidades que apunten a eliminar las causas del conflicto interno.
