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Invitada por el Consejo Empresarial Colombo-Estadunidense (USCBC por sus siglas en inglés), organismo constitutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con sede en Washington DC, la senadora Clara López Obregón intervino el pasado lunes 3 de febrero, en el Foro Perspectivas Políticas y Económicas de Colombia 2025, abordando aspectos relacionados con las reformas que actualmente cursan en el Congreso de la República, impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La congresista López Obregón compartió el panel sobre las expectativas políticas y legislativas en Colombia durante el transcurso de este año con Miguel Ángel Herrera, consultor sobre políticas públicas y regulación sanitaria; y Cynthia Arson, de la Fundación Woodrow Wilson International y catedrática de la Universidad Johns Hopkins.

Durante su participación se refirió a los alcances de iniciativas sobre salud y derechos laborales, así como a un tema sensible como es el de la seguridad.

Al señalar que la actividad legislativa es muy dinámica en ambas cámaras, la senadora López Obregón, explicó que en lo concerniente a la reforma laboral que se tramita en la actualidad se puede señalar que es mucho más que una actualización normativa. Se trata de una apuesta decidida por una economía más equitativa y sostenible, donde el empleo formal y la estabilidad laboral sean pilares fundamentales del crecimiento.

Dijo que, durante años, la flexibilización laboral ha precarizado el trabajo con la promesa de generar más empleo. Sin embargo, la evidencia económica demuestra que el verdadero motor del crecimiento no es la reducción de costos laborales, sino el fortalecimiento de la demanda agregada, es decir, la capacidad de consumo de los trabajadores.

Sobre la prioritaria necesidad de sacar adelante la reforma a la salud, la parlamentaria dijo que Colombia enfrenta desafíos ineludibles. Indicó que el gasto en salubridad pública es inferior al promedio de los países de la OCDE, pero, además, como lo ha señalado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto en esta materia está rezagado, lo cual significa ineficiencia y barreras de acceso para millones de ciudadanos.

La reforma apunta a corregir problemas estructurales, precisó. Primero, reducir el gasto administrativo, que en Colombia alcanza el 5.4 % del total en salud, frente al 3.5 % de la OCDE. Segundo, fortalecer la atención primaria, porque el 17 % de las hospitalizaciones son prevenibles y cuestan cerca de 1.7 billones de pesos anuales. Tercero, transitar hacia un modelo de prevención, pues reducir en un 10 % los factores de riesgo de enfermedades crónicas disminuirían el gasto en salud.

Hizo énfasis en que no se trata solo de cifras, sino de vidas por lo que la reforma apunta a garantizar cobertura, eficiencia y equidad. No se puede, sostuvo, seguir dependiendo de un modelo fragmentado que deja a tantas personas sin atención o en largas filas para acceder a servicios básicos. En ese contexto, el Congreso tiene la responsabilidad de construir un sistema que funcione para la gente, que priorice la salud pública sobre los intereses comerciales y que garantice un derecho fundamental para todos los colombianos.

Sobre el tema de seguridad, la senadora López Obregón explicó que el Gobierno Petro ha emprendido una transformación de la política pública en esta materia, basada en un enfoque integral, combinando acción militar, inteligencia estratégica y desarrollo territorial.

Para contener la expansión de grupos armados y recuperar el control en las zonas más afectadas, dijo, el Gobierno implementó el Plan 16.000, una estrategia que busca fortalecer la Fuerza Pública con nuevos efectivos en los territorios más vulnerables.

En el Catatumbo, por ejemplo, el Gobierno ha desplegado más de 1.500 efectivos en las últimas semanas para enfrentar la crisis humanitaria, intensificando operaciones en municipios clave como Tibú, El Tarra y Convención. Según el Ministerio de Defensa, en 2024 se han realizado 450 operativos contra estructuras del ELN y disidencias de las FARC. La incautación de drogas aumentó un 18 % en comparación con 2023, debilitando las finanzas de estos grupos. El presupuesto de Defensa en 2024 es de 52,3 billones de pesos, el más alto de la última década, conforme a la Presidencia de la República.

Destacó que la estrategia de seguridad no se basa únicamente en la ofensiva militar. El fortalecimiento de la inteligencia y la acción territorial son clave para la contención de la violencia. Desde enero de 2024, gracias a labores de inteligencia, se han evitado al menos 20 atentados terroristas en el país, según datos oficiales. Al mismo tiempo, las regiones más afectadas por el conflicto han recibido un 40 % más de inversión social, con programas de educación, infraestructura y desarrollo agrícola.

La seguridad debe ser abordada con un enfoque integral, combinando presencia estatal, inversión social y cooperación internacional, puntualizó la congresista durante su intervención en este evento internacional.