POR LAUTARO RIVARA /

El “secuestro” que no fue, la toma de posesión que sí, las repercusiones internacionales y la expectable relación de Trump con Venezuela.

Pese a las narrativas mediáticas reproducidas por los sectores de derecha y algunos expresidentes neoliberales de Latinoamérica para desacreditar la asunción del mandatario venezolano, el pasado viernes 10 de enero Nicolás Maduro Moros fue investido como presidente del país suramericano para un tercer mandato, en medio de un ambiente de tranquilidad.

Con presencia de delegados y organismos multinacionales de 125 países del mundo, Maduro juró hacer cumplir el mandato del pueblo guiado por la Constitución de la República Bolivariana de la Venezuela.

El ánimo de los sectores tradicionalmente antichavistas o desafiliados recientemente, castigados por años de guerra económica o familiarmente disgregados por la migración masiva, no parece coincidir con las estrategias de lucha callejera de los líderes opositores radicales.

La estrategia principal del antichavismo sigue siendo extraterritorial: apostar al aislamiento occidental del Gobierno de Maduro, invocar nuevas sanciones económicas y, sobre todo, encomendarse a Donald Trump.

Para la excepcionalidad permanente que ha rodeado todo lo concerniente a Venezuela en los últimos años, los pasados días han sido de una normalidad –al menos relativa– en el país suramericano. El “día D” tan anunciado por la oposición volvió a ser una nueva jornada de dilación y espera. Ni el esperado ingreso clandestino del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia a territorio nacional, ni las masivas y radicales protestas anunciadas en la capital, ni el asalto al Palacio de Miraflores azuzado por las granjas de bots se constataron en los hechos.

El affaire María Corina

En las últimas jornadas, las calles de Caracas se mantuvieron en una calma tensa y expectante, incluso el 9 de enero, día en que coincidieron en tiempo y espacio las principales movilizaciones convocadas por el oficialismo y la oposición, que finalmente se encontraron en el rico municipio capitalino de Chacao sin generar hechos de violencia ni reportar mayores incidentes. El importante operativo de seguridad desplegado, centrado principalmente en rodear el palacio de gobierno que fuera tomado por asalto en el golpe de Estado del año 2002, así como el recuerdo traumático de las violentas “guarimbas” de los años 2014 y 2017, tuvieron sin duda un efecto disuasorio en las bases opositoras, que no alcanzaron a movilizar más que a una pequeña fracción de las personas desplegadas en la pasada campaña presidencial.

El principal y casi único conflicto surgió en la tarde, cuando durante la concentración antichavista –que no superó las 3 mil o 4 mil personas– el denominado Comando Venezuela anunció por la red social X la presunta detención de María Corina Machado por parte de agentes del Estado. En un hecho inédito, la conocida organización Human Right Watch, financiada por la Fundación Open Society de George Sores, se apresuró a “confirmar” lo sucedido en la misma red social, a través de un tweet emitido por el subdirector para las Américas Juan Pappier. A partir de allí, la caja de resonancia de medios y redes se encargó del resto.

Desmentido el “secuestro” por la misma lideresa opositora en una filmación que circuló en horas de la tarde, la siguiente versión difundida aseguró que Machado habría sido detenida, obligada a grabar el mencionado video, y después liberada. Hasta el momento –y pese a la nutrida presencia de periodistas y fotógrafos en el lugar– nadie pudo dar pruebas visuales o testimoniales de una detención violenta que parece haber sido nada más que un montaje tendiente a convertir una discreta movilización doméstica en un resonante hecho político internacional. Sin otra prueba ni fuente que los citados tweets, buena parte de la gran prensa internacional, incluidos algunos medios progresistas, se hicieron rápidamente eco de la falsa noticia, abonando a la desinformación generalizada.

El acto de investidura y las primeras medidas

En horas de la mañana del día 10 de enero se desarrolló la juramentación de Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el exsindicalista se volverá a desempeñar como titular del Ejecutivo y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para un tercer período consecutivo que se extenderá hasta el año 2031.

El acto de investidura, relativamente breve e íntimo tuvo lugar en la Asamblea Nacional, epicentro de la más descarnada conflictividad política entre oficialismo y oposición en los últimos años. De esta manera el chavismo revalida su hegemonía política.

En su discurso, Maduro aseguró que “el país está en paz” y que se encuentra “en pleno ejercicio de su soberanía nacional”. Además, afirmó que los Estados Unidos y “sus satélites en América Latina y el mundo” habrían convertido a los comicios del 28 de julio en “una elección mundial”. En su primera medida de gobierno, el también presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), envío al parlamento un decreto de convocatoria a una nueva reforma constitucional, que en sus palabras deberá definir el modelo económico venezolano a largo plazo y garantizar una reforma política de contenido todavía indeterminado.

La repercusión internacional

Lejos de la tan repetida matriz mediática “aislamiento venezolano”, la toma de posesión y sus convidados ofrecieron un fiel reflejo de la fractura global en diferentes bloques de países, así como de las alianzas y realineamientos de las izquierdas y progresismos de América Latina y el Caribe. A nivel global se hicieron presentes delegaciones de Rusia, encabezada por el presidente de la Duma estatal Viacheslav Volodin; de China, conducida por Wang Dongming de la Asamblea Popular Nacional; de Corea del Norte y también de Irán, país con el que Venezuela anunció una “poderosa alianza” en noviembre de 2024. De manera correlativa, ni los Estados Unidos del presidente saliente Joe Biden ni la Unión Europea (UE) se hicieron presentes, mientras varios gobiernos occidentales ratificaron su reconocimiento a Edmundo González como “presidente electo”.

En lo que concierne a la región, estuvieron presentes los gobiernos políticamente afines de Honduras, representado por Manuel Zelaya, expresidente y esposo de la actual mandataria Xiomara Castro; de Cuba, con una comitiva encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, estrecho aliado de Venezuela; de Nicaragua, país representado por el mandatario Daniel Ortega; y de Bolivia, a través de la canciller Celinda Sosa; de los pequeños países insulares que como Dominica y San Vicente y las Granadinas hacen parte de ALBA-TCP, e incluso de organismos internacionales como la OPEP.

Notorias y discutidas fueron las ausencias, probablemente coordinadas, de Gustavo Petro de Colombia, Claudia Sheinbaum de México y Lula da Silva de Brasil, aunque los tres líderes progresistas mandataron a sus respectivos embajadores en el país para acompañar la investidura, anunciaron que mantendrán en todos los casos el mismo tipo de relaciones sostenidas con su vecino hasta la fecha, y en ningún caso acompañaron el reconocimiento de González promovido por los gobiernos más centristas y conservadores de la región.

En esa línea, Presidentes como los de Uruguay, Argentina, Panamá y República Dominicana recibieron al excandidato González en las diferentes estaciones de su gira internacional, mientras se disputan –sobre todos los últimos– ser la próxima sede de una suerte de redivivo Grupo de Lima, la alianza de países geopolíticamente alineados a los Estados Unidos que promovieron las sanciones económicas contra Venezuela, el reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó y las estrategias de “cambio de régimen”, como la invasión frustrada desde Colombia en la “batalla de los puentes” de 2021.

Certezas e incertidumbre

Dos cosas son seguras de momento. En primer lugar, que la vocación de alternancia de sectores de la población venezolana, ya sea tradicionalmente antichavistas o desafiliados de manera reciente, castigados por años de guerra económica o familiarmente disgregados por la migración masiva, no necesariamente coinciden con los ánimos beligerantes y las estrategias de calle de los líderes opositores más radicalizados. Aunque los comicios de julio demostraron el crecimiento exponencial del voto opositor, las movilizaciones antichavistas siguen siendo de mucho menor envergadura que sus antagonistas, y las repetidas convocatorias a asaltar por la fuerza las instituciones del Estado no han encontrado un eco de masas. Ni los votos de González Urrutia anunciados por el Consejo Nacional Electoral (5.3 millones), ni los números que asegura haber conquistado el maríacorinismo (7.4 millones), parecen ser una palanca suficiente para consumar el tan buscado “cambio de régimen”.

En segundo lugar, es evidente que el plano nacional y el plano internacional siguen estando totalmente divorciados en lo que refiere a Venezuela. Por eso, pese a la movilización del 9 de enero, la estrategia principal del antichavismo sigue siendo ante todo extraterritorial: apostar al aislamiento internacional (o al menos occidental) del Gobierno, invocar nuevas sanciones económicas –quizás algo más “focalizadas”–, y sobre todo encomendarse a un Donald Trump recargado, cuya posición, a días de asumir su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, continúa siendo entre silente y contradictoria.

Primero se negó a recibir a González Urrutia en Washington, mientras uno de sus senadores, Bernie Moreno, había asegurado que éste “trabajará con Maduro porque él es el que va a tomar posesión del cargo”, con un realismo que contrastaba notablemente con las fantasías opositoras de una eventual juramentación en territorio nacional. Pero luego de este verdadero baldazo de agua fría, el 9 de enero Trump se refirió en X al exdiplomático como “presidente electo de Venezuela”, aunque rebajó a María Corina Machado al rango de mera “activista democrática”.

La relación entre Trump, la oposición y el Gobierno venezolano será un tema clave y se dirimirá en función de muchas variables: el énfasis más doméstico que prometen sus portavoces y documentos programáticos como el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation; la posibilidad eventual de “cerrar” algunos de los numerosos frentes internacionales abiertos, como el de Ucrania o Medio Oriente; el esperable repliegue estratégico de Trump sobre el “patio trasero” latinoamericano y caribeño y sus vitales recursos estratégicos; la real capacidad de maniobra que tengan figuras tan hostiles a la región como el futuro secretario de Estado, Marco Rubio; pero sobre todo el realismo y la capacidad de presión de lobbies tan poderosos como el petrolero que, sin veleidades ideológicas, apuestan a la estabilidad de los flujos de hidrocarburos, el abastecimiento barato y los negocios seguros.

Diario Red, España.