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“La antidemocracia debe combatirse con democracia a través de la movilización social, y acciones de concientización de pedagogía ciudadanas” para enfrentar el ‘lawfare’ (guerra jurídica) y una de sus principales consecuencias, el denominado “golpe blando”. Esa fue una de las conclusiones de la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, durante su intervención en el Seminario Internacional Judicialización de la Política en América Latina, realizado el pasado martes 21 de mayo en la Universidad Externado de Colombia y organizado por el Grupo de Puebla, la Fundación Vivamos Humanos que lidera el expresidente Ernesto Samper y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Una de las premisas esenciales para evitar que en la región se sigan propagando acciones de guerra jurídica es profundizar los sistemas democráticos mediante un gran acuerdo de la sociedad que respete la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo, dejando gobernar a quien legítimamente haya ganado las elecciones, señaló la congresista. A ello hay que agregar, dijo, el respeto a la división de poderes y materializar la garantía de derechos sociales, económicos y culturales.
Infortunadamente, en Colombia la convocatoria de un proceso constituyente como el que ha convocado el presidente Gustavo Petro, es visto por los sectores de oposición como “subversivo y antidemocrático”, precisó la senadora López Obregón.
Dijo, además, que en América Latina están en cuestión principios constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Respecto del caso colombiano, la senadora del Pacto Histórico, explicó algunas de las acciones que viene ejecutando la derecha para impedir que el presidente Petro termine su mandato. No solo es el proceso impulsado en el Consejo Nacional Electoral sobre los fondos de la campaña presidencial que busca preconstituir pruebas para poder sustentar la nulidad de la elección sino también la propalación de acusaciones falaces que generen histeria colectiva sometiendo al Gobierno al oprobio público, afirmó la senadora López Obregón.
Sostuvo que no es gratuito el hecho de que el semanario británico ‘The Economist’, considerado la Biblia del neoliberalismo a nivel mundial, haya vaticinado que Petro no acabaría su periodo presidencial como es la consigna tanto del uribista Centro Democrático como de la ultraconservadora Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore).
Una estrategia grotesca
En desarrollo del Seminario Internacional algunos de los panelistas calificaron el ‘lawfare’ como una estrategia grotesca que recurre a métodos a todas luces violatorios de los derechos humanos dirigidos al debilitamiento sistemáticos de la gobernabilidad fundamentalmente contra dirigentes progresistas elegidos democráticamente.
La senadora López Obregón trajo a colación lo que viene ocurriendo con el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, a quien se le han violado todos sus derechos, e incluso el gobierno neoliberal de ese país de manera injustificable irrumpió violentamente en la Embajada de México en Quito, haciendo trizas los principio de soberanía y extraterritorialidad, para poder detenerlo y encarcelarlo, violando el debido proceso.
También la congresista recordó los casos del hoy presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue encarcelado para evitar que fuera candidato y del expresidente Ernesto Samper Pizano.
“Yo creo que el caso del expresidente Samper es precursor de todo este fenómeno del ‘lawfare’ en América Latina”, dijo la senadora López Obregón, pues recalcó que se debió esperar más de 11 años para que la justicia colombiana señalara que no había absolutamente ninguna prueba que pudiera vincular al exmandatario o a su campaña presidencial con el ingreso de dineros ilícitos provenientes del Cartel de Cali.
Recordó que Fernando Botero Zea, gerente de la campaña presidencial de Ernesto Samper, fue condenado por hurto con agravación de violación de confianza al comprobarse hasta en recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia que sustrajo donaciones lícitas, las cuales fueron depositadas en sus cuentas personales y luego reemplazadas con recursos de origen ilícito que aceptó de la mafia del narcotráfico.
Criminalización de la política
Al instalar el evento académico, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sostuvo que es evidente que en América Latina y actualmente en Colombia se ha venido dando un proceso de “criminalización de la política”, lo que calificó como “el lado oscuro del activismo judicial acompañado por la manipulación mediática”.
Ello desvirtúa el ejercicio del poder judicial por cuanto, precisó, “las sentencias deben tener legitimidad sociológica”.
Por su parte, el expresidente Samper Pizano, durante su intervención calificó los intentos de poner zancadilla a la gobernabilidad como “justicia neoliberal” que es la combinación de procedimientos mediáticos, políticos y jurídicos. Su propósito, explicó, es “dificultar y hacer imposible” la tarea de gobernar.
Materialización de la guerra jurídica
Los panelistas que participaron de este evento académico internacional coligieron que los efectos negativos que genera la guerra jurídica son prácticamente imposibles de reparar porque hay una grave afectación reputacional y una flagrante violación de derechos humanos.
Para que esta persecución selectiva y arbitraria se configure se combina una acción en la que intervienen poderes fácticos, poderes mediáticos, jueces y fiscales que en primera instancia genera una guerra psicológica, difundiendo rumores y noticias falsas con el propósito de propalar campañas de desprestigio nacional e internacional que logren sembrar desconfianza en la economía.
Las matrices de opinión y las narrativas difundidas ampliamente mediante la manipulación mediática terminan convirtiéndose en verdades instaladas.
