EDITORIAL TSC /

El fallido golpe de Estado militar del general Juan José Zúñiga en Bolivia encierra una serie de interrogantes y rarezas, incluida la versión sin pruebas que lo sustenten de un eventual autogolpe del presidente constitucional Luis Arce, pero se encuadra dentro de la guerra híbrida del Comando Sur del Pentágono y la Embajada de EE.UU. en La Paz. Tiene que ver, también, con la larga tradición golpista del generalato boliviano, formado técnica e ideológicamente con base en la Doctrina de Seguridad Nacional y la guerra de contrainsurgencia que se enseñan en las academias militares de EE.UU.

Tras bastidores es imposible dejar de considerar las declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien ha sido clara en subrayar que el “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia, Chile) así como otros recursos latinoamericanos constituyen asuntos de la “seguridad nacional” de los Estados Unidos.

Históricamente Bolivia, por la gran riqueza de sus recursos naturales siempre ha estado en la mira de Washington, por ello el proceso político de esta nación suramericana se ha caracterizado por su permanente inestabilidad que se evidencia en el hecho de que ha sido víctima de 36 golpes de Estado.

La situación política boliviana pareció estabilizarse desde 1982 con la sucesión de gobiernos civiles. Pero ganó terreno el neoliberalismo, que estancó el desarrollo y estranguló toda vía de bienestar social. De modo que el Gobierno del presidente indígena Evo Morales (2006-2019) inició un nuevo ciclo histórico, al descartar el expoliador modelo neoliberal, apartarse del FMI, acoger el “Socialismo del siglo XXI” y proclamar el Estados plurinacional mediante la Constitución de 2009 que garantiza amplios derechos, economías de tipo social, el fortalecimiento de las capacidades estatales y la extensión de servicios de beneficio colectivo, logrando desarrollo y disminución de la pobreza, bajo un ambiente latinoamericanista identificado con otros gobiernos del primer ciclo progresista de la región.

Bolivia nacionalizó varias empresas particularmente del sector petrolero y, además ha fortalecido las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas y populares, entre las que se destacan la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias ‘Bartolina Sisa’, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias.

En América Latina Bolivia tiene la mayor población indígena (41 %) del total de su población con indudable peso político y cultural.

El nuevo rumbo del país encendió las reacciones de los viejos dueños del poder y del poder imperial. Esas fuerzas convergieron en la crisis política de noviembre 2019, provocando un golpe de Estado que obligó a la renuncia del presidente Evo Morales (debió asilarse en México) y la instauración del régimen de Jeanine Áñez (2019-2020), quien impuso una vía de conflictos internos y tensiones externas, junto a la persecución política y la violación de derechos humanos, como ocurrió con las masacres de Sacaba y Senkata.

El ascenso presidencial de Luis Arce Catacora (2020) recuperó la vía de la democracia de tipo popular iniciada por Morales. Áñez fue juzgada y sentenciada. Pero incubó la confrontación entre “evistas” y “arcistas” al interior del Movimiento al Socialismo (MAS), alimentada por la Embajada de EE.UU. en La Paz, cuya tarea como lo ha reconocido  la propia Debra Hevia, encargada de Negocios de esta sede diplomática, es explotar y exacerbar las contradicciones entre Luis Arce y Evo Morales, así como incentivar la lucha intestina en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) para lograr la definitiva reversión del proceso “izquierdista” boliviano.

En esas condiciones el intento de golpe de Estado del pasado miércoles 26 de junio y las declaraciones de quien lo encabezó, el general Juan José Zúñiga, dejan en claro que se pretendía revivir el viejo mesianismo militar, impedir la continuidad del “socialismo” y reivindicar a los golpistas de 2019.

No hay bases para sostener que era un “autogolpe” de Arce como lo ha señalado el expresidente Morales. Sin embargo, la pugna por el liderazgo político del proceso boliviano al interior del MAS es un riesgo histórico para mantener el camino de los cambios ya conquistados, porque son poderosas y hábiles las fuerzas que desean liquidarlo. Fueron el pueblo y sus organizaciones los que tuvieron una contundente respuesta que detuvo el golpe de Estado. Triunfo, pero con tensa calma, porque Bolivia sigue en la mira de las derechas y de Washington que tiene altísimo interés en recursos naturales estratégicos de esta nación suramericana como el litio, las tierras raras, el gas, el agua, entre otros.

Ciertamente la intentona fracasó pero el Comando Sur no descansa: hay que recordar el paro de los transportistas financiados por la CIA en Chile para “hacer llorar la economía”, y el tacnazo, la fallida sublevación militar que anticipó el derrocamiento de Salvador Allende dos meses antes del golpe de Augusto Pinochet, con apoyo del movimiento neofascista Patria y Libertad y la intervención directa de Washington.