EDITORIAL TSC /
Por lo menos dos millones de adultos mayores –entre mujeres y hombres—lograrán mitigar su crítica situación de pobreza extrema, gracias a la reforma pensional promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aprobada en el Congreso de la República por los sectores progresistas, encabezados por la coalición del Pacto Histórico, el pasado viernes 14 de junio.
Esta significativa población de la tercera edad pertenece a una generación que se hizo a pulso; que levantó hijos empresarios, emprendedores, políticos, periodistas y líderes sociales, entre otras muchas profesiones y oficios, trabajando de sol a sol, sin prestaciones sociales; sin contratos laborales estables y en medio de violencias de todos los pelambres, paraestatales y estatales/legales e ilícitas, que los desplazó y convirtió, buena parte, en nómadas en su propio país.
Con esta reforma pensional se ha comenzado a hacer justicia legal y social. Bien por estos adultos mayores; bien igualmente por los trabajadores rasos de hoy –hombres y mujeres— activos, porque no llegarán a viejos desprotegidos, como sus padres, gracias al pilar contributivo que les protege con una renta vitalicia; bien por la pensión anticipada que permitirá a los adultos/as con mil semanas cotizadas, pensionarse y seguir cotizando (de la misma pensión), hasta alcanzar las semanas de rigor; y bien por las mujeres que podrán convertir su trabajo no remunerado (cuidado del hogar) en tiempo laboral para pensionarse.
Como bien señaló el presidente Petro al celebrar la aprobación de la reforma pensional, en Colombia “empezamos a salir del neoliberalismo y entramos en la construcción del Estado Social de Derecho”.
Hoy en Colombia con esta nueva normativa que viene a reemplazar la neoliberal y fracasada Ley 100 de 1993, quizá llegar a viejo, sea un buen remate de vida. Y una cosa más: esta ley demuestra que el “fantasma del comunismo” es solo eso: un fantasma, puesto en escena en 1950 por el senador estadounidense del Partido Republicano, Joseph McCarthy, obsesionado en ver comunistas infiltrados hasta en la sopa, y pese a que no pudo demostrar ni un solo caso, su obsesión prendió en Latinoamérica hasta hoy, 74 años después.
Aplausos a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, militante del Partido Comunista, quien pudo convertir en realidad un mandato constitucional plasmado desde 1991 (art.53), 31 años después: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo (…) teniendo en cuenta, por lo menos, los siguientes principios fundamentales: (…) garantía a la seguridad social (…) protección especial a la mujer, a la maternidad (…)”. Si así es el comunismo, entonces que siga adelante sacando las reformas sociales tantas veces aplazadas por un ‘establishment’ codicioso y corrupto que se ha opuesto de manera sistemática a la modernización y a la equidad social en Colombia.
